El alcalde de Benissa, Juan Bautista Roselló, del PP, se afanó en dar ayer su interpretación sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anula la adjudicación del plan urbanístico de Beniver, de 95.000 metros cuadrados y que ya cuenta con viviendas y adosados construidos y vendidos. Roselló consideró inaudito que el TSJ anule la adjudicación de agente urbanizador a la empresa local Edalport por no tener la condición de contratista. El primer edil recordó que el pleno, con los votos a favor del PP, tomó esa decisión en diciembre de 2004. Entonces la LRAU amparaba esa adjudicación, que estaba avalada por todos los informes municipales. Además, sostuvo Roselló, Edalport fue la única mercantil que se presentó, poseía gran parte del suelo y tenía acuerdos con el resto de propietarios.

"En ese momento no se aplicaban los criterios de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2 de junio de 2008, que estableció que en la adjudicación de la condición de agente urbanizador no hay que aplicar la LRAU, sino la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", precisó ayer Roselló.

El primer edil insistió en que el TSJ no anula el programa urbanístico de Beniver, que prevé en total 240 viviendas. "Anula sólo la adjudicación porque ésta recaía en una empresa pequeña y de Benissa, ya que en nuestro pueblo no hay empresas contratistas de obra pública".

Sentencia sin efecto

El ayuntamiento presentará ahora un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. No obstante, Roselló avanzó que la sentencia del TSJ no puede tener ningún efecto, ya que las obras de urbanización están acabadas y en el sector hay incluso viviendas habitadas y que cuentan con cédulas de habitabilidad. "Desconocemos las consecuencias concretas del fallo, pero entendemos que no se puede ejecutar", sostuvo.

El alcalde se adelantó a las posibles interpretaciones de la oposición (PSPV y Cibe-Bloc). "Me preocupa que enreden y manipulen y empiecen a decir que hay que demoler las viviendas. Pero los propietarios pueden estar muy tranquilos porque eso no va a ocurrir".

Este plan urbanístico lo impugnó el empresario Juan Roselló García. El primer edil dijo que este empresario había actuado "en connivencia" con la oposición, ya que "ha recurrido de forma sistemática los acuerdos del ayuntamiento sobre el PGOU, la ampliación del polígono industrial y otras decisiones urbanísticas".