El conseller de Medio Ambiente Juan Cotino aseguró ayer que los trámites administrativos de la macrourbanización Nou Mil·lenni de Catarroja seguirán adelante y que si se plantea «alguna pega», se subsanará «como es normal en cualquier expediente de estas características». Cotino respondía así a la decisión del Tribunal Supremo de confirmar la suspensión cautelar de las obras del Plan de Actuación Integrada (PAI), que ya había dictado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, a raíz de un recurso contencioso-administrativo del grupo socialista en las Corts Valencianes.

Asimismo, el conseller calificó el proyecto urbanístico de «una iniciativa buena» dado que «su desarrollo contempla un importante número de viviendas sociales». En realidad, el PAI incluye 12.000 pisos, de los que una parte serán de protección oficial.

Cotino incidió en que «si en los planteamientos de la tramitación se ha hecho algún tema que no es adecuado», se preparará «la documentación pertinente para que las personas que tengan la competencia resuelvan» y consideró que «no hay más problemas que en muchos lugares cuando se impulsa un nuevo plan». «En este caso concreto, como es habitual ya en cualquier cosa, es al PSOE el que no le parece bien que se haga casi nada en la Comunitat Valenciana», concluyó el conseller.

Por su parte, los socialistas de Catarroja consideran «una incoherencia» las declaraciones del conseller «cuando ayer mismo la alcaldesa decía que ´no es momento ahora de pensar en construir´» a causa de la crisis.

Desde el PSPV, el candidato a la alcaldía, Alberto Gradolí, considera que el fallo del Supremo es «un nuevo varapalo judicial» en este caso y critica que el ayuntamiento «haya invertido cerca de 100.000 euros entre informes y defensa jurídica» del PAI, ya que el consistorio ha recurrido, con el Consell y la promotora Llanera la decisión del TSJCV. Los socialistas opinan que es «sospechoso» que el PP siga defendiendo «esta salvajada urbanística que tiene un fuerte olor marbellí, a capa y espada con dinero público». Para Gradolí es «penoso que nos estén escurriendo los bolsillos a los vecinos a golpe de impuestos desorbitados y que nos hayan endeudado hasta los dientes para gastarse ese dinero defendiendo en los juzgados un plan privado que beneficia a unos cuantos».