La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha hallado nuevas irregularidades en el trámite administrativo y la permuta de terrenos que desembocaron en el plan urbanístico del Sector Río —nombre que alude a la vieja fábrica de galletas— donde se encontró una villa romana al excavar la zona a finales de 2008, antes de construirse las viviendas. Según el informe de conclusiones remitido al Ayuntamiento de Paterna y al que ha tenido acceso Levante-EMV, existen «indicios de responsabilidad contable» y posibles perjuicios económicos para el consistorio, pues el servicio jurídico ha constatado que el anterior gobierno PSPV-EU aprobó, en el pleno del 18 de mayo de 2005, adquirir unos terrenos aportados por la mercantil Galletas Siro que habían sido previamente cedidos para viales y, por tanto, era suelo público.

Ante la gravedad de los hechos el máximo órgano auditor de la Comunitat Valenciana ha avisado al alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, que ha remitido los informes al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía Provincial de Valencia. Esta última ya instó al ayuntamiento, a principios de este año, a anular la reparcelación del Sector Río porque se incluyó otra calle en el programa urbanístico —un tramo del vial Santísimo Cristo de la Fe— y el promotor de las 300 viviendas obtuvo «indebidamente una edificabilidad que no le correspondía».

La Sindicatura de Comptes que preside Rafael Vicente Queralt ha intervenido tras la denuncia de Jorge Cubells, representante de la Asociación Salvemos la Villa Romana de Paterna (Asvrp), que alertaba al Síndic sobre supuestas irregularidades en las fincas municipales con los números 23.786, 23.788 y 24.050. Cubells —que también acudió a la Fiscalía y al Síndic de Greuges— ha estado avisando durante todos estos años a los políticos y técnicos municipales de presuntas negligencias en la tramitación de este expediente urbanístico al entender que se «regalaba» suelo al promotor en forma de viales públicos.

Perjuicio económico

Precisamente esta irregularidad es la que se ha detectado por parte de la Sindicatura en relación a la finca 24.050 —terrenos situados junto a las vías de la línea 1 de FGV—, que está adscrita al otro sector urbano de Los Molinos y que, según el Registro de la Propiedad, había sido cedida para viales por parte de la antigua propiedad de la familia Moros, al menos, en una superficiie de 868 metros cuadrados, lo que «constituye un perjuicio económico para el ayuntamiento susceptible de comportar responsabilidad contable». En la permuta de suelos aprobada hace siete años por el anterior gobierno que dirigía el exalcalde socialista Francisco Borruey, la mercantil entregaba esa finca registral 24.050, junto a otros solares, como si fuera de su propiedad.

Fuentes del gobierno del Partido Popular confirmaron ayer tarde que habían recibido la notificación de la Sindicatura y que se iban a analizar las posibles consecuencias de la resolución, aunque emplazaron a dar explicaciones en los próximos días, una vez consultados todos los técnicos.