Un vecino de Canet d´En Berenguer ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción los indicios de irregularidades urbanísticas que a su juicio existen en torno a un edificio construido hace unos diez años en la zona de playa, donde, según afirma, el secretario municipal «disfruta» de un piso.

Esta finca, según se asegura ante la Fiscalía Anticorrupción, debía contener 36 viviendas ateniéndose al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) pero en la práctica se acabaron construyendo 38. El denunciante „que por ahora prefiere no revelar su nombre„ no se explica cómo es posible que en el año 2004 se otorgaran dos cédulas de habitabilidad más de las contempladas en la ordenación urbanística «y que el colegio de arquitectos y los técnicos municipales lo pasaran por alto».

El autor del escrito presentado ante la Fiscalía apunta además que en este edificio, situado en la calle Xavier Casp número dos pero con entrada también por la calle Jorge Juan, «el actual secretario municipal de Canet, José Antonio Sancho, disfruta de un piso», si bien añade que el propietario de esa vivienda «es una empresa a la que Sancho representó en la escritura». Por ello, explica que ha pedido a la Fiscalía que investigue a la mencionada compañía, pues fue constituida con un capital de 3.006 euros «y en cinco meses dispuso de 106.344 euros para comprar el piso», precisa.

El denunciante añade que la existencia de dos pisos más de los autorizados en principio por el PGOU, la vinculación del secretario con la empresa compradora de un piso y esa rápida capitalización de la firma invitan a que la Fiscalía Anticorrupción investigue la situación.

El secretario municipal, a preguntas de Levante-EMV, ha insistido en que él está empadronado en la calle Jorge Juan de Canet y no ha entrado en detalles sobre su vinculación personal con alguno de los pisos de la finca denunciada «pues eso dentro de mi intimidad». Defiende «su derecho a estar vinculado con cualquier empresa» e insiste en que las cédulas de habitabilidad no las concede él en el ayuntamiento. «El secretario no es el órgano resolutorio en estos casos», precisó ayer. Además, insistió en que «cuando el ayuntamiento da estas cédulas, es siempre porque los técnicos confirman que está todo correcto».