El juzgado de lo contencioso administrativo n.º 7 de Valencia ha desestimado el recurso presentado por una exfuncionaria del Ayuntamiento de Serra contra dos acuerdos del pleno en los que se decidió declarar nulos varios decretos para la contratación de esta trabajadora como agente de empleo y desarrollo local y como técnico de gestión de Administración General porque presuntamente no tenía la titulación universitaria que aseguraba poseer cuando fue contratada, tanto en el mandato del PP como en el del PSPV-PSOE.

La sentencia desestima el recurso de la exfuncionaria y en el fundamento cuarto señala que el Ayuntamiento de Serra en la resolución recurrida "se ha limitado a iniciar un procedimiento de revisión de oficio, facultad que le atribuye el ordenamiento jurídico" y alude al artículo 102 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que, entre otras cosas, señala que las administraciones públicas "en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1.2".

Y eso fue lo que hizo el consistorio: pedir un informe al Consell Jurídic Consultiu que, como relata el fallo del tribunal, no observa "que por el ayuntamiento se haya incurrido en algún defecto procedimental o de fondo que justifique la nulidad de su actuación".

En el fondo del contencioso está la presunta falsa titulación que presentó la exfuncionaria para optar a los trabajos que desempeñó. Levante-EMV publicó el 23 de marzo de 2011 que la extrabajadora del Ayuntamiento de Serra, supuestamente, falsificó un título universitario de la Escuela de Turismo para trabajar como agente de empleo y desarrollo local. El director del centro certificó por escrito, que la mujer no se diplomó en junio de 1995 como acreditaba. "Fue una sorpresa saber que no solo no tenía el título, es que ni siquiera estuvo nunca matriculada", explicaba el alcalde, Javier Arnal.