Un jurado popular decidirá si la funcionaria de Turís que ocupaba el puesto de inspectora de obras en el ayuntamiento incurrió en los presuntos delitos de cohecho y falsedad. El fiscal solicita, como avanzó Levante-EMV el pasado diciembre, diez años de cárcel, una multa de 10.800 euros además de otros 16 de inhabilitación. A la funcionaria se le atribuyen los delitos de cohecho y estafa e inductora de otro de falsedad documental. Según la fiscalía, la acusada habría propuesto archivar un expediente de sanción sobre un inmueble con el pago de 2.500 euros con la obtención de un certificado de un arquitecto que dijese que la vivienda tenía más de cuatro años. El Ministerio Público también imputa a la acusada un presunto delito de estafa continuada al considerar que se aprovechó de un extranjero para hacerle creer que tenía que pagar una multa y éste le entregó 500 euros por la supuesta multa que debía evitar evitar que le derribaran la piscina. El fiscal argumenta que la acusada le cobró a otro residente que no tenía estudios 200 euros por un certificado de primera vivienda y que, una vez percibía el dinero por sus engaños, realizaba informes favorables.
La funcionaria ya fue suspendida de empleo y sueldo hace dos años tras conocerse las presuntas irregularidades que habría cometido la aparejadora, que actuaba como inspectora de obras.
