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El fuego amigo de la ofensiva del PP contra el Estatuto de Cataluña le puede acarrear un disgusto al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, una vez se conozca la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la carta magna catalana. En función del alcance del fallo, el Estatuto valenciano podría ser el daño colateral de la estrategia del partido de Mariano Rajoy contra el desarrollo de las normas de autogobierno impulsado en la anterior legislatura por Zapatero. Varios artículos de la norma valenciana que el PP votó en las Corts y en las Cortes Generales tienen un contenido similar con otros preceptos del texto catalán que el PP ha recurrido en el texto de Cataluña.

Especialmente, los que regulan aspectos como la condición política de valencianos, las competencias de la Sindicatura de Comptes, la fijación de las demarcaciones judiciales o la participación en la conformación de la posición del Estado ante la UE en materias de su competencia. Con todo, el efecto será limitado y habrá que ver el alcance concreto de la resolución del alto tribunal para saber hasta qué punto la Carta Magna Valenciana va a quedar tocada. No ocurre lo mismo con otros estatutos como el de Andalucía, que el PP también respaldó y que contienen elementos de bilateralidad de los que a penas hay rastro en la redacción valenciana. Entre otras, la regulación de la Agencia Tributaria andaluza. Algo parecido podría ocurrir en las cartas de Baleares, Aragón y Castilla-La Mancha.

La muletilla más usada

En el caso valenciano, el Servicio Tributario Valenciano —sin desarrollar desde 2006— está tan constreñido a lo que mande la ley del Estado que desactiva el riesgo de inconstitucionalidad. La coletilla «en el marco de la legislación del Estado» es la expresión más usada en la carta valenciana.

Tan es así que un informe del departamento de Interior de la Generalitat catalana hecho público en 2007 citó 11 artículos de contenido similar a otros que el PP ha impugnado en la norma catalana, sobre un total de 95 preceptos cuestionados ante el TC. Sin embargo, cuando se analizan las variaciones de detalle respecto a la redacción catalana, en la mayoría son cuestiones esenciales. Por ejemplo, el deber de conocer el catalán y que ésta sea «normalmente» la lengua vehicular de la enseñanza quedan muy lejos del valenciano como «lengua propia» de la Comunitat o del derecho a la enseñanza «de y en valenciano». Igualmente, la carta valenciana no convierte a su Consell de l´Audiovisual en «autoridad reguladora» sobre los medios públicos y privados, mientras que la participación en las cuestiones europeas queda al final supeditada al criterio del Gobierno.

Lo mismo sucede con la competencia «compartida» sobre los medios que se dirijan al «público de Cataluña». Poco que ver con las atribuciones a la Generalitat valenciana en materia de medios de comunicación «en el marco de las normas básicas del Estado». El informe hasta menciona un artículo (el 24.3, que regula el derecho a la renta garantizada de ciudadanía) que el PP no ha recurrido.

Por contra, los populares cuestionaron la asignación de competencias en materia de Justicia a la Generalitat catalana, cuando el texto valenciano le otorga a Camps la capacidad de «fijar la delimitación de las demarcaciones» judiciales. Aunque luego en el resto del desarrollo la norma catalana va mucho más lejos, el fallo del TC podría también cortar el vuelo al texto valenciano.

De la misma manera, el PP ha cuestionado que se presenten en el texto catalán a su Sindicatura de Comptes como «el único órgano de fiscalización externa de las cuentas». Una redacción casi idéntica tiene el Estatuto impulsado por Camps. Algo parecido ocurre con el cuestionamiento del concepto de «ciudadanos catalanes» o «de Cataluña». Esta misma expresión —«ciudadanos valencianos»— figura en el preámbulo de la norma de Camps, que remite al artículo 3. En cuanto a la acción exterior, el Consell de Camps reclama al Estado participar y ser «oída» en el proceso de conformación de la posición española ante la UE en materias de su competencia, algo a lo que el PP es reacio.