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Sabido es que muchos diputados del partido del Gobierno leen, unos con mayor acierto que otros, los textos que les facilita el Ejecutivo en los debates parlamentarios. Incluso las réplicas. Pero el PP de las Corts dio ayer un paso más y celebró la "inyección" por parte del Ejecutivo al grupo parlamentario de 56 proposiciones no de ley para su debate en la Cámara. Con la avalancha de propuestas, los populares pretenden "armarse" para retomar la iniciativa política a partir de febrero y relegar el debate sobre el caso Gürtel, reconocieron fuentes del grupo.

La aportación, sin ocultar el "copyright", se hizo efectiva ayer en la reunión que el portavoz del grupo y conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, mantuvo con los jefes de gabinete de los consellers y los asesores parlamentarios de los diferentes departamentos. Este tipo de encuentros, junto con la mayor implicación de los diputados, invitados a plantear a su vez ideas al Ejecutivo, han potenciado a Blasco al insuflar vida en el enfermo terminal en que se había convertido el grupo tras la crisis por la defenestración de Ricardo Costa. Ahora bien, en términos institucionales no hacen sino agravar la confusión de poderes.

Los medios humanos y materiales de las conselleries están al servicio de la Administración y no de un grupo político. Pero además, con esta táctica "entrista" del Gobierno sobre el Parlamento, al usar el grupo popular para monopolizar el debate, se anula el papel de la Cámara.

Clasificar y dar prioridad

Ahora, el grupo está "clasificando las propuestas por materias y prioridad para empezar a registrarlas y llevarlas cuanto antes a pleno o a las comisiones correspondientes", explicó Blasco. La primera ya se presentará hoy y está referida a las ayudas a los centros tecnológicos. La propuesta exige al Gobierno socialista que apoye los centros y mantenga en 2010 los programas de apoyo a la investigación.

La de ayer fue la segunda reunión que el portavoz mantiene con personal de las conselleries "para estrechar aún más si cabe la colaboración entre el Gobierno valenciano y el grupo, y que este trabajo quede plasmado en propuestas que recojan los intereses de la sociedad valenciana".

Los encuentros tendrán continuidad y serán cada 15 días. Un dato que no cabe obviar es que las reuniones suponen también, en la práctica, el que los consellers se verán forzados a responder a las demandas que se le hacen desde el grupo parlamentario. Es la primera vez que algo así sucede, lo que otorga a Blasco un control inédito sobre la actividad.