Cano presionó al principal urbanizador de Polop para que le comprase terrenos

J. A. MARTÍNEZ/ P. CERRADA VALENCIA El ex alcalde de Polop, Juan Cano, presionó al principal agente urbanizador de la localidad para que le comprara terrenos en suelo no urbanizable, con la amenaza de que si no lo hacía, el Ayuntamiento no le daría licencia para desarrollar un PAI (Plan de Actuación Integrada), según revela el sumario por el asesinato del alcalde de este municipio Alejandro Ponsoda. El suelo se vendió por un precio 38 veces superior por el que fue adquirido por el edil tan solo un año antes. En aquella época, Cano no era cargo público, pero seguía controlando desde la sombra los asuntos urbanísticos del municipio.
Juan Cano está en prisión desde finales del pasado noviembre acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato de su antecesor en el cargo. Aunque dimitió como alcalde, todavía mantiene su condición de concejal del Ayuntamiento. Otras seis personas más están en prisión por su presunta relación con la trama del crimen. La venta se llevó a cabo en noviembre de 2005. La parcela de Cano se compró por 290.000 euros, cuando éste las había adquirido por 7.500 euros. En esa operación, también compraron y vendieron suelo el concejal Jaime N. y su padre.
La operación fue desvelada a la Guardia Civil por el antiguo concejal de Urbanismo, Juan Andrés Llorens, y por el secretario del Ayuntamiento, Antonio Fuentes. Cano obligó a Alejandro Ponsoda a que intercediera con el administrador de la empresa para que comprara el suelo, al precio estipulado por el primero. El Ayuntamiento llegó a comunicar a la mercantil que si no realizaba la compra no se le daría la condición de agente urbanizador. Esta mercantil es una de las principales empresas urbanizadoras del municipio
El informe de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) señala que Cano mantenía su influencia sobre Ponsoda, a pesar de que estaba fuera del Ayuntamiento, lo que fue motivo de tensiones y enfrentamientos con la persona que ocupaba entonces la concejalía de Urbanismo. Durante esos años (entre 2003 y 2007), Cano trató de crear una gerencia de Urbanismo para seguir controlando este área.
Uno de los letrados del caso resumía la situación en la que se ha visto el Ayuntamiento de Polop con esta investigación: Durante casi un año, la Guardia Civil ha tenido intervenidos los teléfonos a buena parte de la corporación. Los agentes se han encontrado con un cúmulo de situaciones irregulares, en principio ajenas al asesinato. Funcionarios y ediles envueltos en oscuras operaciones de compra venta de terrenos, adquisiciones de suelo en zonas no urbanizables con la promesa de que serán recalificadas en un futuro, etcétera.
Por este motivo, han reclamado a la juez del caso, Maria Antonia Raedo, que abra una causa separada para investigar estas presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por Juan Cano y las personas de su entorno laboral. Los agentes han visto indicios de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a los funcionarios.Desde la Fiscalía de Alicante se confirmó a este diario que se va a pedir a la juez una pieza separada para investigar la presunta trama urbanística y el enriquecimiento ilícito de Cano y otras personas de su entorno.