RAMÓN FERRANDO VALENCIA
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Casi la mitad de los jueces de Valencia apoya la protesta contra la politización del Consejo General del Poder Judicial. El manifiesto contra el "desmesurado grado de politización y pérdida de independencia en que se encuentra sumido el Poder Judicial" cuenta con el respaldo de jueces de base y de algunos representantes como el decano de Valencia, Pedro Viguer, y cinco de los trece miembros de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Pedro Viguer es uno de los promotores de la plataforma a la que se han adherido 111 jueces de Valencia (el 40,21% de la plantilla), 34 de Alicante (el 23,81%) y 18 en Castelló (el 33,33%). En toda España ya se han sumado 1.134 magistrados, de los que 163 están destinados en la Comunitat.
La plataforma utiliza el correo electrónico corporativo para comunicarse y sumar adhesiones. La mayoría de los firmantes valencianos son jóvenes que no están adscritos a uno de los cinco colectivos profesionales. También hay jueces asociados -como el propio Viguer que es de la conservadora APM- y profesionales con más experiencia como diez magistrados de la Audiencia de Valencia, cinco de la de Castelló o uno de la de Alicante.
El colectivo quiere que todos los órganos de gobierno del Poder Judicial se elijan por sufragio directo. La medida supondría que los magistrados escogerían democráticamente a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y a los doce vocales de procedencia judicial que integran el CGPJ.
Además, apuestan por el mantenimiento en manos de los jueces de las funciones "estrictamente jurisdiccionales", la elaboración de una planta judicial conforme a la media europea de 20 magistrados por cada 100.000 habitantes, una inversión del 3,5% de los presupuestos en Justicia y una carga de trabajo "humana" para los miembros de la carrera.
"No me siento representada"
Una de las magistradas de la Comunitat que ha firmado el manifiesto explicó: "No me siento representada por los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Queremos volver al sistema anterior donde los jueces manteníamos una independencia absoluta de los partidos políticos".
Los jueces también están en contra de la reforma que otorga a los secretarios judiciales funciones de dirección de los juzgados y la proyectada atribución a los fiscales de la instrucción penal, que, dicen, arrojan "sombras muy inquietantes" sobre su independencia. Mientras, añaden los firmantes, los juzgados se mantiene con su "histórica" carencia de medios, ante lo que el Gobierno ha respondido "tímidamente" con el plan de modernización de la Justicia.
Los jueces aseguran que está situación los ha sumido en un estado de "desaliento, impotencia y frustración personas y profesional".
