Mónica Ros

Torrent

?La comarca de l'Horta ha hecho los deberes en cuanto a la legalización de las viviendas que se construyeron fuera de ordenación urbana. Su proximidad a la capital ha provocado que los ayuntamientos del área metropolitana se pusieran las pilas a la hora de legalizar los núcleos de viviendas de segunda residencia, que se originaron hace casi un siglo, y que hoy conforman urbanizaciones ideales para residir a escasos kilómetros de la capital. Estos son los casos de macrourbanizaciones como la Canyada, en Paterna (legalizada en los años 50), Campolivar, en Godella (que hizo lo propio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1990, Picassent -que reguló todos los núcleos de viviendas que estaban diseminadas por el término en 1998- o Torrent que en 1990 incluyó en el PGOU las áreas de El Vedat o Monte Real.

Sin embargo, aún quedan algunos núcleos urbanos que continúan siendo ilegales y están pendientes de urbanizar. Este es el caso de las zonas de segunda residencia de Manises La Mallá, La Presa, Montemayor, El Collao y Les Simetes. Estos núcleos urbanos, construidos en suelo rústico desde 1920, conforman unas 300 viviendas que están pendientes de ser legalizadas con el nuevo PGOU que está realizando el Ayuntamiento de Manises. Sin embargo, muchas de estas zonas cuentan desde hace años con algunos servicios como el de alumbrado, asfaltado e incluso con servicio de transporte público.

El otro caso más llamativo de l'Horta es el de las más de 200 viviendas de los bloques de apartamentos de Port Saplaya, en Alboraia. Hace ocho años el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declaró nula la modificación número 4 del PGOU de 1991 que permitió la construcción de una manzana de apartamentos en primera línea de playa. La sentencia, sin embargo, no ordenó el derribo de los apartamentos, sino que recomendaba al ayuntamiento buscar una fórmula para legalizar los pisos.

El consistorio asegura que para legitimar los bloques de apartamentos trasladará el área comercial que existe en la zona a 80.000 metros cuadrados de huerta, lo que ha levantado una gran polémica. El espacio que ocupa hoy cuatro grandes empresas junto a la costa de Alboraia será transformado en 1.000 viviendas de lujo y una nueva marina para "regularizar" las viviendas ilegales que están pendientes desde 2002.

Grupos diseminados

A partir de ahí, el número de viviendas en l'Horta que se encuentra fuera de ordenación urbana disminuye considerablemente. En Godella existe un grupo reducido de unas 50 viviendas -las denominadas Casas del Diseminado- que continúan construidas en suelo rústico y que serán legalizadas cuando el año que viene se revise el PGOU de la localidad ya que no está previsto PAI alguno en la zona ni nuevas construcciones.

El Puig, por su parte, también cuenta con un grupo de 49 casas que conforman el denominado barrio de Pescadores. Sin embargo, éste es el único núcleo ilegal de l'Horta que tiene los días contados ya que existe una sentencia del TSJ de mayo de 2009 que ordena el derribo de estas construcciones del siglo XIX.

A partir de este punto, las viviendas ilegales de l'Horta suman expedientes aislados en municipios como Picassent, Moncada o Torrent que han sido remitidos a la Fiscalía.