La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía obliga a las ONG a gastar el 1% de las subvenciones que reciben de la Generalitat en campañas publicitarias que promocionen el departamento dirigido por Rafael Blasco. Esta exigencia, inédita antes de que Blasco asumiera la conselleria, contiene además una polémica añadidura: es la propia conselleria la que indica a las ONG, de forma verbal y sin necesidad de ajustarse a la ley de contratos públicos, a qué empresa de comunicación deben abonar el dinero correspondiente para que ésta organice la campaña de promoción.
La medida entró en vigor el año pasado. Por primera vez, las convocatorias públicas para optar a las subvenciones de proyectos de cooperación y desarrollo contenían en 2009 esta cláusula del 1%. Era un nuevo impuesto que tenían que pagar las ONG por ser agraciadas con una subvención de la Generalitat. Sin embargo, no quedaba clara la forma en que se aplicaría la medida. Esto se supo a finales de 2009.
A lo largo de tres reuniones celebradas en octubre, responsables de la conselleria informaron a las ONG subvencionadas que, para que sus acciones de sensibilización social fueran más efectivas y se articularan con mayor sencillez, una empresa se encargaría de gestionar la campaña publicitaria. La mercantil elegida por la conselleria era Ismos Comunicación y Cultura SL, que en pocas semanas envió una factura a cada ONG con el pago que cada una de ellas tenía que abonar. La empresa, pues, había tomado la iniciativa. Y además, según la carta enviada a las organizaciones, exigía celeridad en el pago.
Mutismo de las ONG
Esta imposición de la conselleria causó extrañeza e indignación en la mayoría de ONG, que veían vulnerado su derecho a promocionar su proyecto solidario según sus propios criterios. Sin embargo, no se alzó ningún revuelo y la gran mayoría de organizaciones han pagado el impuesto entre finales de 2009 y principios de 2010. La explicación del mutismo y el acatamiento de estas órdenes verbales de la conselleria la sintetiza, desde dentro, un buen conocedor de las ONG valencianas: "Todos temen que la conselleria no te apruebe ningún proyecto en las subvenciones del próximo año si no haces lo que dicen".
El resultado final se vio entre diciembre de 2009 y febrero de 2010. La campaña publicitaria Nuestro Compromiso con la Solidaridad inundó páginas de periódicos, cuñas de radio y vallas del metro. Siempre, eso sí, con el logotipo de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía bien visible. Y en el caso de los publirreportajes -la propia conselleria recoge en su web hasta 55 publirreportajes de publicados en la prensa valenciana entre diciembre y febrero- los textos recogían declaraciones del conseller Blasco. La campaña estaba pagada por las ONG a través de la cláusula del 1%.
¿Qué presupuesto tuvo la campaña? El dato se desconoce. Lo que sí se sabe es que la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía concedió, en las cinco convocatorias públicas de 2009, un total de 37.702.044 euros para los 225 proyectos solidarios aceptados a un centenar de ONG. Así pues, el 1% que debían pagar las organizaciones alcanzaban los 377.020 euros. Ésa es la cantidad máxima que pudo recaudar la empresa Ismos Comunicación y Cultura SL para organizar las preceptivas "acciones de sensibilización social" que pagaron las ONG.
De este modo se articuló el mecanismo publicitario del 1% en su primer año de funcionamiento, según reconstruyen para Levante-EMV fuentes de diversas ONG. Para este año ya se han producido algunos cambios. Las convocatorias públicas de las ayudas ya se han publicado. Y en la famosa cláusula del 1%, las vaguedades en la redacción del año anterior han sido sustituidas por una instrucción clara: las acciones de sensibilización se harán "de acuerdo con las indicaciones de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía".
Fuentes de las ONG alertaron de que, con este sistema, el Consell ha creado "un nuevo mecanismo de contratación" capaz de orillar el sistema de contratos públicos. Legalmente, subrayan, "la conselleria no ha contratado con la empresa Ismos". Sobre el papel figura que dicha empresa se ha ofrecido a las ONG y que casi todas ellas han contratado sus servicios para invertir el 1% impuesto por Blasco. La realidad, como denuncian las ONG, ha sido muy distinta.
