El PP presentó ayer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el auto en el que el instructor del caso Gürtel, el magistrado Antonio Pedreira, se inhibe en favor del Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana para que sean investigados en este órgano siete presuntos delitos que afectan al Gobierno de Camps, entre ellos cohecho propio y delitos electorales (supuesta financiación irregular). Es un recurso de reforma, es decir, que tendrá que ser resuelto por el propio Pedreira, y subsidiario de apelación, por lo que si el magistrado lo rechaza el asunto deberá ser revisado por la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJM.
El escrito se fundamenta en la falta de conexidad de las nuevas imputaciones (basadas en diversos informes aportados por Anticorrupción sobre las relaciones entre empresas de Francisco Correa, cinco constructoras valencianas y la Administración Camps), con la causa que ya se tramita en el TSJCV en relación con los regalos que Orange Market pudo hacer al Camps y a otros miembros de su Gobierno.
El PP, que ejerce la acusación popular, arremete contra la actuación de la Fiscalía, a la que achaca falta de rigor y de objetividad. "Perdiendo la imparcialidad que debía regir su actuación, el m inisterio fiscal presenta una visión fáctica, parcial, subjetiva e incluso tendenciosa y un análisis jurídico tan equivocado como incompleto, que han provocado una desacertada respuesta del instructor que valida lo informado por la Fiscalía presumiendo su bondad y sin ahondar en los vicios que aquí y ahora se describirán", subraya el escrito. Entre ellos, el PP denuncia una "postura persecutoria" de las fiscales Concepción Sabadell y Myriam Segura, e incluso "inquina ajena a motivos judiciales" por parte del fiscal general del Estado, sobre Camps, al hablar genéricamente de delitos electorales, cuando ni siquiera le citan cuando entran al detalle de estas conductas supuestamente delictivas. Añade que los informes fiscales tampoco son capaces de implicar a Camps cuando analizan en concreto las contrataciones presuntamente irregulares entre la Generalitat y las empresas Gürtel. "Sinceramente, entendemos que se hace un uso gratuito e injustificado de la figura del señor Camps, que tanto rédito ha producido en determinados medios de comunicación", añade.
"R. C. no se prueba que sea Costa"
Posteriormente, el escrito hace una defensa en el mismo sentido, por falta de concreción de las acusaciones, del ex jefe gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, y del ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, implicados en la causa de los trajes que se instruye en el TSJCV.
Al igual que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas hizo con las siglas "L. B.", el PP sostiene que no se aporta ninguna prueba de que las siglas "R. C." que aparecen en la contabilidad de la trama correspondan a Ricardo Costa. También se defiende la ausencia de relación entre la investigación de Madrid y la causa de los trajes en el caso de Betoret. Pero nada se dice del ex vicepresidente del Consell Víctor Campos ni del resto de cargos del Consell y del PP que aparecen citados en el auto de Pedreira.
El miércoles, la agencia del grupo Vocento, Colpisa, emitió un teletipo, a las siete de la tarde, con la noticia de que el Tribunal Supremo estaba investigando si Garzón se había quedado con el caso Gürtel de forma ilegal y en el que, además de centrar la información en este aspecto, aseguraba que el alto tribunal también reclamaba las transcripciones íntegras de la declaración de un imputado que exculpaba a Camps y que fueron eliminadas por la Fiscalía Anticorrupción.
Una hora más tarde, la agencia Efe indicaba que el Tribunal Supremo pedía testimonio del caso Gürtel para investigar a Garzón por las escuchas sin hacer referencia a las grabaciones favorables al presidente Camps.
La derivaciones políticas del caso Gürtel hacen también a las agencias de noticias orientar sus crónicas hacia distintas posiciones de las partes en litigio, influidas también por la fuentes informativas. La mirada sobre los hechos varía según una u otra agencia y las interpretaciones derivadas del caso.
Para Colpisa, Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa, estaba investigando "si el juez y la Fiscalía Anticorrupción ocultaron de forma deliberada las confesiones de uno de los principales imputados, Pablo Crespo, en la que exculpaba al presidente valenciano, Francisco Camps, de haber aceptado trajes como cohecho". Añadía además que "Pelaez -el abogado que logró imputar a Garzón por las escuchas Gürtel y quien ha denunciado a la Fiscalía por prevaricación- acusó a las dos fiscales de haber retirado del sumario una prueba clave" para Camps. "Se trata -continúa- de una conversación en la cárcel de Soto del Real". "En ese pinchazo, Crespo afirmaba tajante que el presidente se pagó sus trajes y desmentía a otra de las imputadas, Isabel Jordán, de la que ellos, por entonces, sospechaban que había confesado los regalos de Álvaro Pérez, "El Bigotes", a Camps. "Eso no es cierto, esa imputación nunca la podrán demostrar porque no es cierto", insistía en su conversación".
El despacho de Colpisa finalizaba diciendo que "ahora el Supremo quiere saber de primera mano qué hay detras de esa denuncia". Por ello, Barreiro demanda a Pedreira todo tipo de datos sobre la intervención de las comunicaciones y copia de todas las actuaciones prácticadas. El resto del despacho hacía referencia a Garzón, a quien el juez investigaba por quedarse el caso Gürtel saltándose supuestamente el reparto al vincularlo al caso BBVA-Privanza.
La agencia Efe se limitaba a recoger que el magistrado había solicitado una copia de la causa al TSJM "y testimonio de todas las actuaciones practicadas" desde su inicio hasta el auto del 20 de abril de 2009. No hacía referencia al presidente Camps.
Las dos visiones de la noticia sobre Garzón y el Tribunal Supremo
El miércoles, la agencia del grupo Vocento, Colpisa, emitió un teletipo, a las siete de la tarde, con la noticia de que el Tribunal Supremo estaba investigando si Garzón se había quedado con el caso Gürtel de forma ilegal y en el que, además de centrar la información en este aspecto, aseguraba que el alto tribunal también reclamaba las transcripciones íntegras de la declaración de un imputado que exculpaba a Camps y que fueron eliminadas por la Fiscalía Anticorrupción.
Una hora más tarde, la agencia Efe indicaba que el Tribunal Supremo pedía testimonio del caso Gürtel para investigar a Garzón por las escuchas sin hacer referencia a las grabaciones favorables al presidente Camps.
La derivaciones políticas del caso Gürtel hacen también a las agencias de noticias orientar sus crónicas hacia distintas posiciones de las partes en litigio, influidas también por la fuentes informativas. La mirada sobre los hechos varía según una u otra agencia y las interpretaciones derivadas del caso.
Para Colpisa, Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa, estaba investigando «si el juez y la Fiscalía Anticorrupción ocultaron de forma deliberada las confesiones de uno de los principales imputados, Pablo Crespo, en la que exculpaba al presidente valenciano, Francisco Camps, de haber aceptado trajes como cohecho». Añadía además que «Pelaez –el abogado que logró imputar a Garzón por las escuchas Gürtel y quien ha denunciado a la Fiscalía por prevaricación– acusó a las dos fiscales de haber retirado del sumario una prueba clave» para Camps. «Se trata –continúa– de una conversación en la cárcel de Soto del Real». «En ese pinchazo, Crespo afirmaba tajante que el presidente se pagó sus trajes y desmentía a otra de las imputadas, Isabel Jordán, de la que ellos, por entonces, sospechaban que había confesado los regalos de Álvaro Pérez, «El Bigotes», a Camps. "Eso no es cierto, esa imputación nunca la podrán demostrar porque no es cierto", insistía en su conversación».
El despacho de Colpisa finalizaba diciendo que «ahora el Supremo quiere saber de primera mano qué hay detras de esa denuncia». Por ello, Barreiro demanda a Pedreira todo tipo de datos sobre la intervención de las comunicaciones y copia de todas las actuaciones prácticadas. El resto del despacho hacía referencia a Garzón, a quien el juez investigaba por quedarse el caso Gürtel saltándose supuestamente el reparto al vincularlo al caso BBVA-Privanza.
La agencia Efe se limitaba a recoger que el magistrado había solicitado una copia de la causa al TSJM «y testimonio de todas las actuaciones practicadas» desde su inicio hasta el auto del 20 de abril de 2009. No hacía referencia al presidente Camps.
