El presidente del PP de Valencia, Silvestre Senent, denunció el jueves en el juzgado un caso de posibles escuchas ilegales de miembros de la Policía Nacional sobre la sede del PP (calle Quart) durante un acto de la alcaldesa Barberá. La Delegación del Gobierno explicó el sábado que la presencia de una furgoneta de la policía camuflada junto a la sede popular se debía a otra investigación, nada que ver con el PP. Para la dirección regional de los populares, sin embargo, este hecho se enmarca en la "persecución" que sufren los cuadros y dirigentes del PP desde que se destapara el caso Gürtel.
Ahora depende del juez esclarecer si tras la denuncia de espionaje policial existe un asunto turbio o se trata de un episodio esperpéntico, el último capítulo de la teoría de la conspiración con que el PPCV explica la "persecución" desde que estalló el caso Gürtel.
Rajoy, 11 de febrero de 2009
El asunto viene de lejos. Apenas unos días después de que se conociera la ramificación valenciana de la trama, el presidente del PP, Mariano Rajoy, marcó la línea a seguir desde la calle Génova, tras una reunión de cierre de filas con todos los líderes territoriales, incluidos Camps y Rita Barberá. "No hay una trama del PP; hay una trama contra el PP", dijo, en una comparecencia en que cargó contra el entonces ministro de Justicia, Fernández Bermejo, y el Fiscal General del Estado.
Cotino, 3 de mayo de 2009
Algunas semanas después, el vicepresidente del Consell y apoyo fundamental de Camps desde entonces, Juan Cotino, actualizaba el discurso desde Valencia: "Tengo la convicción de que el caso Gürtel en la Comunitat Valenciana responde a una operación político-judicial", declaró a un medio de comunicación.
Costa, 25 de sept. de 2009
El ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, apeló al mismo argumentario en septiembre del año pasado, tras conocerse el informe de la Brigada de Blanqueo de Dinero que apuntaba la presunta financiación irregular del partido. "Es un claro montaje instigado desde el Ministerio del Interior", dijo Costa. El valenciano Esteban González Pons, portavoz nacional del partido, añadió: "Es un informe falso realizado a instancias de Rubalcaba, que se dedica a mezclar informaciones con el objetivo de atacar al PP".
Camps, mayo y junio de 2010
El presidente Camps, objetivo de todas las críticas de la oposición y en el centro de la tormenta judicial, guardó silencio durante muchos meses. Sin embargo, en las últimas semanas el jefe del Consell ha pasado al contraataque. El 22 de mayo pasado, durante el mitin en el que se autoproclamó candidato a las elecciones de 2011, Camps presentó todo el caso Gürtel como una gran operación del Gobierno orquestada contra su persona, un castigo "por asumir el reto de liderar el PP de España".
El 3 de junio volvió a cuestionar la labor de la justicia: "Alguien tendrá que explicar por qué se ocultaron unas pruebas exculpatorias tan evidentes, que además se tomaron al principio del proceso, y que hubiera ahorrado este año y medio a todos".
Unos días antes, en un tenso debate en las Corts después de que el juez Pedreira del TSJ de Madrid se inhibía en favor del valenciano al apreciar siete posibles delitos, Camps se presentó como víctima de, directamente, "todo el aparato del Estado". Cargó contra los jueces: "Un auto de corta y pega", dijo; y contra la Fiscalía: "Una Fiscalía al servicio del Gobierno socialista", sostuvo.
Querellas
La estrategia dialéctica, en algunos casos, se ha visto acompañada por algunas iniciativas judiciales. En el mes de mayo de 2010, el PP se querelló contra el autor del informe económico elaborado por la Agencia Tributaria en el que se apuntaba a posibles irregularidades en las cuentas del PP valenciano. Se acusaba al funcionario de "prevaricación y falsedad en documento público". Pero la oposición -tanto PSPV como Compromís-, implacable contra el jefe del Consell, también está en el punto de mira del PP. El propio presidente Camps insinuó el pasado jueves que Ángel Luna, portavoz del PSPV en las Corts, podría ser objeto de otra querella. "Yo sí que voy a pedir a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen hasta dónde ha vuelto a llegar usted".
En otro estadio se encuentra la diputada de Compromís Mònica Oltra, contra quien el TSJ valenciano investiga una presunta falta leve por oponerse a los derribos en el Cabanyal. Cuatro diputados y tres concejales del PP se querellaron contra Oltra por este motivo. La querella fue archivada.
