Los casos de violencia doméstica y de género cometidos por menores de 14 años aumentaron un 34% el pasado año con respecto al anterior, según la Memoria 2009 de la Fiscalía de Valencia, que también refleja un incremento del número de mujeres que piden el indulto para sus maridos condenados por malos tratos.
La fiscal jefe de la Fiscalía provincial de Valencia, Teresa Gisbert, ha presentado hoy en rueda de prensa la Memoria de 2009, año en el que fueron incoadas en los juzgados 297.172 diligencias, alrededor de 7.000 más que el año anterior, lo que significa que el aumento de la criminalidad ha sido "prácticamente mínimo".
Gisbert ha destacado que sigue siendo "muy elevado" el número de menores que cometen infracciones penales cuando aún no han cumplido el límite legal de los 14 años, lo que impide adoptar respecto de ellos medidas de reforma.
Así, en 2009 se abrieron diligencias que fueron archivadas por imposición legal a 3.343 menores de 14 años, un 34,6 por ciento más que el año anterior (3.103), y en este grupo de menores hubo un aumento de los delitos contra la libertad sexual, de 40 en 2008 a 43 en 2009.
Aunque en los delitos de violencia doméstica y de género la estadística se mantiene prácticamente igual en los tramos de 14 y 15 años y de 16 y 17 años, existe un aumento en el tramo de hasta 14 años, que pasa de 66 en 2008 a 100 en 2009, cerca de un 34% más, la mayoría casos de malos tratos de los hijos hacia los padres.
"Hay un aumento constante de padres que acuden a la Fiscalía de menores porque no pueden controlar a sus hijos, solicitando incluso el ingreso por protección", ha señalado Gisbert.
En cuanto a diligencias de investigación penal por menores, de las 173 abiertas por la sección de menores, 148 lo han sido por delitos de abandono de familia.
Otro dato destacado por Gisbert es que durante el pasado año fueron informados 341 indultos, de los que 21 tuvieron un dictamen favorable, y ha resaltado el "creciente aumento" de petición de indulto de mujeres cuyos maridos han sido condenados por malos tratos, pidiendo la mayoría de veces el indulto de la pena de alejamiento.
En este sentido, ha señalado que sería conveniente que la pena de alejamiento no se impusiera con carácter imperativo en todos los casos, sino que esta posibilidad fuera valorada por el fiscal y el juez.
Respecto a la sección de delitos de corrupción, durante el pasado año se recibieron 53 escritos de denuncia, diez más que el año anterior, procedentes en su mayoría de la Agencia estatal de la Administración Tributaria, particulares, partidos políticos, las dependencia regional de Aduanas e Impuestos especiales y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
En Medio Ambiente y Urbanismo, en 2009 fueron incoadas 252 nuevas diligencias, un 66% más que el año anterior (118), de las que 202 fueron por delitos contra la ordenación del territorio y el resto por patrimonio histórico, medio ambiente, recursos naturales y flora y fauna.
También hubo un incremento del 59,97% de las denuncias a través de los Ayuntamientos, y un aumento de más del 500 por ciento por incoación de oficio a través de la fiscalía.
La memoria refleja que en 2009 hubo veintiocho muertes homicidas, de las que dieciocho correspondieron a hombres y diez a mujeres, frente a los 31 homicidios del año anterior, y según la estadística de Violencia sobre la Mujer se computaron cuatro homicidios consumados y uno intentado.
Gisbert también ha destacado que el pasado año hubo 548 delitos de agresión sexual, lo que supone un aumento respecto de los 509 del año 2008, así como 260 delitos de abuso sexual, 60 de acoso sexual, 79 de exhibicionismo y provocación sexual y 20 de prostitución de persona mayor de edad.
En la Memoria, Gisbert ha incluido tres propuestas, entre ellas la necesidad de reformar la ley que permita aplicar la legislación del menor a los menores de 12 y 13 años en los casos en que cometan hechos muy graves o que por sus circunstancias personales, sociales o familiares requieran una intervención inmediata sancionadora.
También cree que es necesario dar una formulación del delito de abandono de familia adaptada al siglo XXI, ya que la actual es anticuada, y en este sentido ha destacado el factor de riesgo para delinquir que supone el absentismo escolar.
Otra de sus propuestas es la supresión de la excusa absolutoria, que supone que los delitos patrimoniales sin violencia ni intimidación entre familiares que convivan juntos están exentos de pena y no se juzgan.
