Políticos que llegan a tener una relación tan estrecha con contratistas que hasta utilizan el barco de éstos para sus salidas particulares o se van con ellos a navegar durante días. Empresarios que disponen de información sobre concursos que no es pública y que conocen las deliberaciones reservadas de las comisiones de adjudicación. Intermediarios que hablan de lo que hay que dar aquí o allá a veces sin recato. Y hasta presiones a técnicos para que inclinen balanzas. El informe policial sobre el que se sustenta la acusación de presunta corrupción contra el presidente de la Diputación de Alicante y líder del PP provincial, José Joaquín Ripoll, la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente y parte de su equipo, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, entre otros, que constituye el grueso de la parte del sumario cuyo secreto acaba de levantar el juez que instruye el llamado «caso Brugal», desvela unas relaciones de connivencia entre todos los protagonistas de difícil justificación política, aunque después de tres años de grabaciones y de aportar más de millar y medio de folios, además de cintas de audio y vídeo, la Policía no es capaz de establecer de forma indubitable que Ripoll se beneficiase de dos pisos o de un millón de euros por consentir amaños: los investigadores, en su escrito, hacen constar ambas alternativas como conclusión de su trabajo, pero basándose en deducciones y sin decidirse por una u otra.
Las grabaciones sitúan a la Diputación como el epicentro de una red de influencias, que perseguía obtener beneficios económicos al amparo del PP. Y perfilan el papel crucial de intermediario que para ello habría realizado el ex presidente de la Fundación Hércules, Rafael Gregory, en dos operaciones. Una, la adjudicación a una UTE de la que formaba parte Ortiz, de la planta de residuos de la Vega Baja, y el posterior cambio de ubicación para que el también empresario Ángel Fenoll, que había iniciado los contactos con la Diputación primero, no quedara fuera del negocio. Y la segunda, la compra de Canal 37, la televisión de Alicante que dirigía la ex portavoz del Consell de Zaplana, Vea Reig, y sobre la que la investigación prueba que era una televisión en poder del PP y en la que las decisiones empresariales últimas las tomaba Ripoll, con el concurso de su hermano, encargado de controlar su presupuesto. Un canal que acabó en manos de un grupo de la Marina Alta pero que fue «traspasado» antes a Fenoll para evitar su quiebra.
El informe policial muestra también cómo Fenoll actuó como el principal motor de la campaña electoral del PP en Orihuela, llegando a poner a todos sus empleados a trabajar para ese partido, para el que hizo 70.000 llamadas telefónicas pidiendo el voto. Cómo luego logró la contrata de recogida de basuras de Orihuela, para lo que se montaron empresas «fantasma». Y cómo mantenía una intensa relación con el portavoz socialista en la Diputación, Antonio Amorós, al que la Policía siguió y grabó, y también con el ex tesorero del PSPV, José Cataluña.
Las grabaciones muestran, por su parte, a un Ortiz que se vanagloriaba de haber conseguido intimar con Ripoll hasta llevarlo a su barco (en el que ambos matrimonios cenaron una vez en Sevilla y navegaron otra por Baleares), al mismo tiempo que se lo seguía prestando al ex alcalde Alperi o que daba instrucciones para que se contratara, aun perdiendo dinero, a amigos de políticos como el conseller Flores.
