Un montante de 7.000 millones de euros durante el periodo 2010-2017, aunque se hará efectivo a partir de 2013 al tener dos años de carencia, es lo que se prevé que reciban las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana en el nuevo Plan Plurianual de Financiación (PPF) que ayer aprobó el pleno del Consell, tras seis años de prórrogas así como de muchas discrepancias entre la Generalitat y rectores, dos de los cuales están recién elegidos y otros no llegarán a ponerlo en marcha. Se basa en el cumplimiento de resultados contrastables y de indicadores.
Con el horizonte de las elecciones autonómicas, así lo anunciaron el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, en su intervención en el acto de apertura del curso académico en la Universitat de València, y la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, al concluir la reunión del Consell. La intención es que la firma se plasme el próximo jueves en la ceremonia oficial de la Universidad de Alicante entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los cinco rectores.
Los responsables académicos mostraron su satisfacción tras meses negociando, desde 2008, y de quince reuniones con las consellerias de Educación y de Hacienda para alcanzar el acuerdo. Todos están conformes en que la cantidad, respecto a la que vienen percibiendo anualmente las universidades, quede congelada por la situación de crisis económica y respiraron porque, a partir de ahora, volverán a contar con un futuro financiero para poder programar en plena implantación de las titulaciones de grado y másteres.
El rector de la Universidad Politécnica de Valencia. Juan Juliá, se refirió a la "rumoreada cláusula de limitación" que al final no aparece en el documento, de lo que se congratuló porque "hubiera supuesto un techo independientemente de que subiera el PIB" y comentó el "ajuste de intereses" que ha provocado el acuerdo.
El responsable de la Universitat, Esteban Morcillo, mostró su confianza en que "las puertas de la Generalitat siempre estén abiertas" ante las especificidades de sus edificios históricos "y lo que puedan ser nuevas situaciones".
Serán unos 800 millones anuales para este sistema académico público, aunque el reparto por universidades se desconoce en estos momentos ya que dependerá de su rendimiento y del cumplimiento de los objetivos.
Con este nuevo modelo, planteado desde "los principios de suficiencia y sostenibilidad", el peso para recibir la financiación ya no recaerá en el tamaño de la universidad, en número de alumnos o en el cumplimiento de objetivos, como se hace desde 2003, sino en "unos criterios de asignación de recursos explícitos basados en la obtención de resultados contrastables en todos los ámbitos de la actividad universitaria" destaca el argumentario de Educación.
Esta financiación por resultados (un 65,48 por ciento) son: docencia investigación, desarrollo e innovación y trasferencia tecnológica. A la vez, se deberán adecuar los servicios universitarios a las demandas sociales con: reorientación de la oferta docente, potenciación de la formación continua y la transferencia así como la promoción de la mejora de la calidad.
La subvención por resultados docentes (el 51,88%), cubre una parte de los gastos anuales, tanto corrientes como de inversión en que debe incurrir una universidad para impartir la docencia de calidad a los alumnos matriculados en las titulaciones que ofrece.
La cantidad por resultados de investigación se basa en indicadores como los artículos científicos, los sexenios o tramos de complemento de productividad investigadora y los recursos públicos captados en programas de investigación, mientras que los de transferencia tecnológica se centran en el capital captado en contratos con empreas e instituciones o en programas de formación contínua.
Los otros componentes son la financiación estructural (29%): una subvención flja y para cubrir costes, otra atenderá gastos de mantenimiento de la plantilla y para cumplir normativas estatales autonómica ademas de por la mejora de la calidad (6%).
El plan prevé instrumentos para su prórroga o adaptación a las nuevas circunstancias. Hasta su aplicación efectiva en 2013, se contempla en 2010 que la subvención nominativa es la asignada en los presupuestos de la Generalitat ajustada al recorte mientras que en 2011-12 sólo se aplicará el nuevo modelo a nivel teórico.
Firmas docentes contra la FP en los campus
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT-PV ha presentado en el Congreso de los Diputados 3.624 firmas de profesores de Formación Profesional (FP) de la Comunitat Valenciana contra la autorización que establecen las leyes de Economía Sostenible que permite que las universidades tengan centros de Formación Profesional en sus campus de excelencia internacional y que puedan, asimismo, impartir ciclos formativos de FP de grado superior.
El documento con las firmas, acompañada por una carta de rechazo, ha ido dirigido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quién se le ha remitido -al igual que al ministro de Educación, Ángel Gabilondo-, más de 4.000 tarjetas.
