Otras dos personas vinculadas a los empresarios de Autisa declararon ayer en calidad de detenidas en la Comisaría Provincial por el presunto delito de alzamiento de bienes en la sociedad dedicada a la venta de camiones y fueron puestas en libertad tras ser interrogadas por los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Su detención se realizó horas antes de que uno de los presuntos cabecillas del caso Brugal, Rafael Gregori, y su hermano José Vicente sean entregados en el juzgado de guardia 48 horas después de que se practicara su detención.
Los hermanos Gregori pasaron su segunda noche en los calabozos de la Comisaría Provincial y a lo largo de la jornada de ayer los investigadores procedieron a tomarles declaración antes de cerrar las diligencias que hoy entregarán junto con los arrestados al titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada.
Este magistrado, además de estar en funciones de guardia en el partido judicial de Alicante, es el juez que está instruyendo la causa abierta a los hermanos Gregori y a otros implicados por los delitos de estafa, falsedad, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Las dos nuevas detenciones de ayer elevan ya a 18 los arrestados o imputados durante los dos últimos días por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Estos dos nuevos arrestados declararon como imputados por un presunto delito de alzamiento de bienes.
De los 18 implicados en el caso, la gran mayoría han sido acusados por la policía de alzamiento de bienes y algunos además también tendrán que responder como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales o estafa y falsedad, ya que la Policía y la Guardia Civil mantienen sendas investigaciones paralelas sobre Autisa que han sido unificadas en el mismo juzgado.
La comparecencia de los hermanos Gregori ante el juez del caso se prevé que se prolongue bastante tiempo y todo apunta a que ambos empresarios podrían quedar en libertad provisional sin necesidad de prestar una nueva fianza, aunque será el fiscal que acuda a la comparecencia quien decida si debe solicitar la prisión preventiva eludible con una fianza.
Rafael y José Vicente ya abonaron el pasado mayo sendas fianzas de 100.000 euros para no ingresar en la prisión de Fontcalent y el ex presidente de la Fundación del Hércules pagó otros cien mil euros en julio cuando volvió a ser detenido dentro del caso Brugal por las presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.
La Policía también interrogó al padre
El padre de Rafael y José Vicente Gregori acudió a la Comisaría Provincial pero los investigadores no llegaron a detenerle ni imputarle como a las otras dos personas que presuntamente colaboraron para llevar a cabo el alzamiento de bienes. Uno de los informes del caso Brugal señala que ante la crisis que afectaba a Autisa y la amenazas de embargos, Rafael Gregori planeó, con la ayuda de su hermano, de Ángel Fenoll y de un abogado, el traspaso de propiedades "a nombre de las mercantiles como paso previo a una suspensión de pagos". Según la Policía, se emplearon empresas constituidas hacía poco tiempo y otras del grupo de Fenoll para inscribir a nombre de testaferros los terrenos y naves y otros bienes.
Fenoll ayudó a Gregori con el contrato de Orihuela
Rafael Gregori, gerente de Autisa, se hizo con el contrato de suministro de vehículos para la nueva adjudicataria de la de recogida de basura del Ayuntamiento de Orihuela a finales de 2008 a pesar de que era incapaz de reunir los seis millones de euros que costaba la nueva flota de camiones y de que esa decisión retrasó la puesta en marcha del nuevo servicio seis meses, según los informes policiales de la operación Brugal. Otras marcas del sector sí contaban con vehículos en stock para proporcionarlos a la nueva UTE adjudicataria mucho antes. Fue el empresario Ángel Fenoll quien tuvo que interceder entre las financieras y Autisa para lograr, en el último momento, un día antes de que se presentara el nuevo servicio públicamente en Orihuela, el 30 de abril de 2009, la financiación para adquisición de toda la maquinaria necesaria. Ese contrato con la empresa de Gregori y la UTE funcionaba a modo de compensación por las gestiones realizadas por éste para que Fenoll se hiciera con la adjudicación encubierta de la recogida de residuos y limpieza viaria en Orihuela por nueve millones y medio de euros anuales, a través de empresas interpuestas, según los informes policiales.
Autisa logró financiar una parte de la operación, entre otras vías, con fondos ICO, de donde obtuvo 2, 8 millones de euros. Gregori expresó su satisfacción por este éxito a otro de los intermediarios de la trama, Jorge Sanz, asegurando que "si les damos tanto luego nos van a poner un monumento de mármol blanco en Orihuela".
