Paradojas del destino, el presidente de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, compareció ante los periodistas para proclamar su absolución el mismo día de los santos inocentes. Y lo hizo, una vez más, arropado por una cohorte de enfervorecidos compañeros de partido y simpatizantes que no dudaron en interrumpir la rueda de prensa para aplaudir a su líder.
El líder provincial del PP se mostró "satisfecho" de que la Audiencia Provincial de Castelló haya archivado cuatro de las cinco causas por delito de fraude fiscal de las que había sido acusado. "Ha quedado claro que no existían esos presuntos delitos y demostraré también que el delito del año 99 tampoco existe", dijo Fabra, quien agregó que por esa causa la Justicia sólo le reclama ya 38.000 euros y ha elaborado una hoja de cálculo para mostrar todas las entradas y salidas de dinero del banco día a día. "No sólo no le debo 38.000 euros a la Agencia Tributaria, sino que en principio, creo que me tendría que devolver alguna peseta", ha aseverado. En cuanto al supuesto delito por tráfico de influencias, insistió en que demostrará su inocencia.
Sobre su futuro político, el presidente de Castelló aseguró que "no depende de ninguna decisión judicial", y añadió: "Le confirmo que no me voy a presentar otra vez, ha terminado un ciclo de ocho años como portavoz de la oposición y 16 como presidente de la Diputación de Castelló".
El mandatario popular, que compareció ante los medios de comunicación con el auto de la Audiencia Provincial en la mano, del que leyó algunos párrafos, aseguró que el delito de cohecho también está archivado y que "cuarenta o cincuenta testigos han declarado que yo no he pedido nunca nada a la empresa Naranjax, ni al señor Vilar".
Según Fabra, en los últimos siete años ha sido sometido a una persecución política y judicial que "ha estado por encima de lo que puede soportar una persona".
A preguntas de los periodistas sobre su presunto fraude de un millón de euros a las arcas del Estado, Carlos Fabra insistió en que ya ha dado cuenta en el juzgado. "No tengo que dar explicaciones ni a El País, ni a la Ser, ni a Levante, ni a Público, que me condenaron como si fuera un delincuente", alegó.
El auto dictado el pasado jueves por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castelló declara prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales de los que era acusado el político popular, aunque mantiene viva la causa por un supuesto fraude al fisco cometido en el año 1999 y por tráfico de influencias. La acusación de cohecho también desaparece de la instrucción en Nules.
"A mí no se me exonera de delitos sino de presuntos delitos. Tanto el juez como el fiscal no han hecho los deberes y han dejado pasar el tiempo. Si vale la prescripción para el señor Luna supongo que valdrá para el señor Fabra. La ley se aplica por igual para unos y para otros", dijo.
"Sólo la Agencia Tributaria puede decir si hay delito o no, y ya lo dijo en un informe hace años. La Agencia Tributaria, que es la única con capacidad para juzgar, dejó constancia en unas actas de que no había un incremento de patrimonio", concluyó.
Para Fabra, "algunos medios de comunicación han montado un sainete. La única vergüenza es que ha valido todo durante este tiempo que la Fiscalía Anticorrupción ha estado persiguiéndome". Finalmente, consideró que la prescripción de los delitos dictada por la Audiencia supone su "total absolución" obviando comentar el recurso ante el Tribunal Supremo.
La Fiscalía comunica
a la Audiencia que piensa recurrir el auto
La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado ya a la Audiencia Provincial de Castelló que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto que archiva la causa abierta por supuestos delitos fiscales cometidos por Fabra entre 2000 y 2003.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado indicaron ayer que se recurrirá el sobreseimiento de cuatro de los cinco delitos fiscales a los que el tribunal ha dado carpetazo. La Audiencia Provincial entiende que los hechos han prescrito porque ni el juez, ni el fiscal, ni los inspectores de Hacienda han formalizado una denuncia o cualquier otro acto de interposición judicial capaz de paralizar el plazo de la prescripción.
Durante los últimos siete años de investigación judicial, todas las partes implicadas en el asunto menos los abogados de Fabra han dado por supuesto que la prescripción quedaba interrumpida automáticamente con la presentación de la primera querella de la Agencia Tributaria, que detectaba ingresos sin justificar en las cuentas del presidente en 1999. Esta confianza se vio aumentada después de que la sala segunda de la Audiencia Provincial -la misma que ahora absuelve a Fabra- dictara un auto en febrero de 2006 en el que ordenaba una investigación exhaustiva para aclarar el origen del "incremento patrimonial de Fabra, esposa e hijos entre los ejercicios 1999 y 2004".
Ahora, los magistrados de la Audiencia dejan claro que aquel auto no suponía de ninguna manera una paralización de la prescripción, sino sólo una orden de práctica de prueba, y dan un serio varapalo a las partes del proceso por no haber respetado el formalismo legal. Tras el auto dictado el pasado jueves, el caso Fabra queda reducido a los delitos de tráfico de influencias y al fraude fiscal del 99.
