El déficit público permitido a las comunidades autónomas -después de que la Unión Europea impusiera duras restricciones a España para mejorar su economía- quedó establecido por el Gobierno en el 2,4%. Esta cifra es la que debe cumplirse por todas las autonomías so pena de graves sanciones económicas como la prohibición de endeudamiento o vigilancia fiscal por parte de Hacienda.
Comunidades autónomas como Murcia o Castilla-La Mancha has establecido duros recortes en su gasto público para acatar las órdenes europeas. Cataluña -que hasta antes de las elecciones presentaba unos números y tras los comicios otros- ya ha puesto manos a la obra para rectificar su endeudamiento y conseguir reducir sus números ahora en negativo.
Sin embargo, la C. Valenciana -que arrojó unas cifras muy similares a las catalanas antes del cierre de 2010- no ha hecho balance del cierre del ejercicio económico y sus números indican que incumple los parámetros establecidos por el Gobierno ya que, al menos, debe a proveedores más de 1.500 millones en facturas sin pagar.
Sin tomar medidas
La primera acción prevista por parte de las comunidades autónomas incumplidoras es la presentación de un Plan de Ajuste que tendrá que ser aceptado por la Administración del Estado, en el que habrá que fijar unos calendarios y unos escenarios de emisión de deuda estrictos, que necesariamente tendrán que reconducir el gasto y el déficit. A partir de estas estimaciones, la Generalitat debería haber presentado ya su Plan de Ajuste ya que, según los expertos, "aunque sea muy arriesgado dar una cifra que permita conocer las necesidades de la Comunitat Valenciana para poder afrontar sus obligaciones a lo largo del 2011, se puede afirmar que la cifra no será inferior a los 7.000 millones", señalan.
De las más endeudadas
Al finalizar el tercer trimestre del pasado año, la C. Valenciana seguía encabezando la relación de comunidades autónomas más endeudadas respecto a su PIB. Aunque este crecimiento ya no sea tan agudo como en trimestres anteriores, ello no significa necesariamente que esta deuda se haya controlado, sino mas bien puede reflejar la imposibilidad de encontrar compradores para la misma.
En las cifras proporcionadas por el Banco de España, no se incluyen los impagos que el Gobierno valenciano mantiene con sus distintos proveedores, por lo que el peso que, sobre la deuda real de las distintas administraciones, puedan tener las facturas pendientes de pago es un dato que hasta ahora no ha aflorado plenamente (aunque haya sido uno de los aspectos reiteradamente señalados por los sucesivos informes de la Sindicatura de Comptes).
Estas "facturas en los cajones" es uno de los factores que puede explicar, en buena medida, que la Generalitat de Catalunya -como consecuencia del cambio de administración por sus recientes elecciones- hiciese público el dato que la relación entre su déficit y su PIB al finalizar 2010, ascendería a mas del 3,6%, cuando pocas semanas antes, en los datos proporcionados al Estado, afirmara que contabilizados a fecha 30 de septiembre éstos alcanzaban el 1,71 %. Ante la inconsistencia que este déficit se pudiera haber duplicado en un solo trimestre, cabe pensar que lo incluido por la nueva administración, contabiliza no sólo la llamada deuda financiera (soportada por documentación bancaria en forma de préstamos, bonos, obligaciones, etc.,) sino que empieza a incluir los citados impagos no recogidos en las cuentas que maneja el Banco de España.
Para estimar el cumplimiento por parte del Consell, hay que empezar revisando las previsiones iniciales, presentes en los presupuestos en 2010.
En ellos se incluía un recurso a la deuda de 2.263 millones, una cantidad moderada, en el orden del 2,2 % del PIB, consecuencia del especial control del Estado alarmado por el hecho que la C. Valenciana llevara varios trimestres siendo la mas endeudada. Esta condición de partida incluso permitió que al oficializarse el citado nivel del 2,4%, esta partida pudiera ser modificada al alza, añadiendo 267 millones de euros, hasta llegar a los 2.530 millones.
Las cuentas no cuadran
Una estimación aproximada indica que los presupuestos de 2010 que tenían unos créditos iniciales de 14.393 millones pueden acabar liquidándose con una cantidad sensiblemente superior a los 16.000. Las estimaciones hechas sobre la base de los puntos anteriores permiten afirmar que en estos momentos deben existir no menos de 1.500 millones de facturas que no han sido liquidadas, una cantidad que sumada a la deuda que ya citada incorporada inicialmente en los presupuestos, explican que éstos puedan acabar con un déficit no inferior al 4% de nuestro PIB de 2010.
La C. Valenciana entrará de lleno en el grupo de las comunidades autónomas que van a superar el 2,4% y por tanto de aquellas a las que Hacienda va a limitar nuevas emisiones de deuda.
