Un nuevo informe elaborado de manera independiente por un inspector de la Agencia Tributaria, tras pedírselo el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, ratifica en líneas generales el primer escrito de Hacienda en el que se denunciaba que una veintena de empresas, entre ellas Terra Mítica, había defraudado entre 2000 y 2001 un total de 4,4 millones con facturas falsas, según informaron fuentes próximas a la investigación.
El magistrado decidió solicitar este nuevo informe después de que algunas partes integradas en el procedimiento criticaran que el informe elaborado por la Agencia Tributaria podía ser parcial, puesto que ésta también forma parte de la causa.
Así, consideró conveniente solicitar de oficio un informe objetivo a un inspector técnico de la Agencia Tributaria, para contrastar el primer escrito.
En este nuevo texto, el inspector ha ratificado el contenido de las actuaciones originarias por el que la Agencia Tributaria tramitó un expediente que posteriormente dio lugar a la denuncia interpuesta por la Fiscalía contra una veintena de empresas, entre ellas Terra Mítica, por el presunto fraude fiscal.
El juzgado ha citado esta semana a once empresarios imputados-a parte de los 24 que ya figuraban en la causa por estafa, malversación, blanqueo de capitales y delito fiscal- por su vinculación con la trama. Está previsto que el nuevo informe también sea ratificado estos días.
En concreto, estos empresarios prestarán declaración los próximos días 10 y 11 de febrero, tras ser imputados por el juez el pasado mes de noviembre de 2010, en una de las últimas diligencias que ha practicado, según han recordado las mismas fuentes.
Los llamados a declarar son los responsables de las mercantiles Denia 2010 C-N-L, Waldrom, Gamaparc, Construcciones y Servicios Javier Ribes, Eurogrup Ailyng, Desarrollo Gran Vía, Ximo Duald y Trabajos Auxiliares del Siglo XXI.
Esta imputación se produjo después de que en septiembre, el magistrado invalidase el acuerdo de nulidad de parte del procedimiento de este caso únicamente en lo referente al delito tributario en cumplimiento con dos resoluciones judiciales que sostenían que faltaba el trámite de audiencia previa de los interesados con la Agencia Estatal Tributaria.El juez acordó la nulidad de esta parte del procedimiento, tal como solicitaron las defensas, que afectaba al delito tributario y no a otro tipo de infracciones penales que pudieran derivarse de las investigaciones.
Contra esta resolución hubo diferentes recursos, entre ellos el de Fiscalía, y el magistrado, finalmente, revocó su decisión.
