Partidos como el PSPV y Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Compromís, Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Solidaritat Catalana per la Independencia (SI) y PSAN, sindicatos como Intersindical Valenciana, CCOO y UGT o entidades y colectivos como la Unió de Periodistes, ACPV, Escola Valencia, Ca Revolta, Societat El Micalet y Escriptors en Llengua Catalana condenan el cese de las emisiones del canal autonómico catalán TV3 en la Comunitat Valenciana ante las amenazas de multa del Consell y advierten que esta acción supone la «pérdida de pluralidad» informativa.
En una rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, opinó que hay que encontrar «un marco estable de definición del papel de las televisiones autonómicas. Hay que garantizar que las televisiones públicas se puedan ver en cualquier punto del Estado» y apostó por la «multireciprocidad». ERPV, el SI o Intersindical Valenciana consideran que se trata de una «agresión» del Consell «contra la llengua catalana» y la «pluralidad informativa». La Unió de Periodistes Valencians califica el cese de las emisiones como un «atentado a la libertad informativa» debido a la «presión» de la Generalitat y advierten de que esto «reduce el nivel democrático» de la sociedad. ERPV señala que esta «agresión» ha sido posible «gracias a la voluntad genocida del PP, con la connivencia del PSOE. No es una cuestión de nacionalismos, sino de demócratas» y el cierre de TV3 es una «muestra de la degradación de la democracia».
Intersindical Valenciana critica que el Consell haya «ejecutado de forma metódica un plan para ilegalizar y prohibir las emisiones de TV3», lo que «limita las libertades democráticas». Supone un «ataque premeditado a la normalización del valenciano y a cualquier puente cultural que consolide la unidad lingüística» con Cataluña.
El SI critica la «actitud criminal» del Consell y considera el cierre de los repetidores como uno de los «atentados más grandes contra el catalán, comparable, por sus efectos de genocidio cultural, a las disposiciones del franquismo» y reparten la responsabilidad entre el PP como responsable «directo» y el PSOE porque «no ha hecho nada para impedirlo». La Federació Llull recuerda que trató de poner en marcha una iniciativa legislativa popular para asegurar la recepción de canales autonómicos entre territorios que aún se tramita en el Congreso.La organización Endavant considera el cierre de los repetidores un hecho «muy grave» y un «ataque muy duro al catalán» y llama a la ciudadanía a «denunciar un nuevo ataque del españolismo».
