La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estudia mañana si avala la decisión del instructor del "caso Gürtel", Antonio Pedreira, de pedir a Valencia que investigue al cabecilla de la trama Francisco Correa junto a Francisco Camps en la llamada "causa de los trajes".
En la reunión de mañana, la sala deliberará sobre el recurso interpuesto por el PP contra la remisión al TSJ de Valencia de la investigación sobre varios miembros de la red por los supuestos regalos al presidente de la Generalitat y otros altos cargos de esa Comunidad, han informado fuentes jurídicas.
En concreto, el 28 de julio de 2009 Pedreira remitió al tribunal valenciano la parte de la causa relacionada con los hechos imputados a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes" por "las eventuales entregas de prendas de vestir a Ricardo Costa, Francisco Camps, Rafael Betoret y Víctor Campos".
Según el magistrado, quienes supuestamente realizaron los regalos -Correa, Crespo y "El Bigotes"- deben ser investigados junto a quienes presuntamente los recibieron.
En ese mismo auto, Pedreira apuntaba que los tres principales cabecillas de la trama de corrupción podían ser autores de un delito de cohecho activo recogido en el artículo 423 del Código Penal, precepto que "no es sino el reverso del cohecho pasivo que se imputa a los cargos públicos de Valencia".
El PP recurrió esta decisión ante la Sala, de la que forman parte los magistrados Francisco Javier Vieira -presidente del TSJM-, Emilio Fernández de Castro y José Manuel Suárez Robledano, que deberán resolver finalmente si Pedreira es competente para acordar esta inhibición, como defiende la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado que se rechace el recurso del Partido Popular.
La Fiscalía considera indudable la "íntima conexión" entre las conductas de "quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos", ya que -en definitiva- se trata de los mismos hechos examinados desde dos perspectivas: "la del particular que entrega y la del cargo público que recibe".
El Ministerio Público cree que mantener dos procedimientos distintos y separados sobre estos hechos podría dar lugar a pronunciamientos contradictorios.
