El horizonte electoral se ha revelado como uno de los factores que, cada cuatro años, provoca un efecto llamada en algunos pequeños municipios en los que las alcaldías se deciden, a menudo, por un puñado de votos. El foco de las sospechas sobre posibles irregularidades en el padrón lo puso ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), que gestiona la Oficina del Censo Electoral, en 19 localidades valencianas. En ellas detecta un "incremento de residentes significativo y no justificado" en el censo electoral ante los comicios municipales y autonómicos del 22 de mayo.
Nueve de estos municipios sospechosos de inflar el censo con empadronamientos de última hora están gobernados por el PP (Ador, Andilla, Antella, Cortés de Pallás, Finestrat, Pinet, Ràfol de Salem, Siete Aguas y Vallés) y otro de ellos, Dos Aguas, tiene un alcalde de UV que en esta ocasión concurre a las urnas como cartel electoral del Partido Popular.
El PSOE está representado en este listado de municipios bajo sospecha con seis alcaldías (Benagéber, Gestalgar, Chera, Llocnou de la Corona, Villargordo del Cabriel y Torrella). Los otros tres ayuntamientos que no han justificado ante el INE el aumento del padrón son la Pobla de Benifassà, cuyo alcalde es del Partido Social Demócrata (PSD) -formación impulsada desde el blasquista PSI de la Ribera y al calor del entramado vecinal de Favcova, con subvenciones irregulares de la Generalitat-y los consistorios de Zarra y Sot de Chera, con alcaldes independientes.
Estos 19 casos son sólo algunos de los municipios en los que la Oficina del Censo ha detectado presuntas irregularidades por las inscripciones en los seis meses, anteriores al decreto de convocatoria de elecciones, firmado el pasado 29 de marzo. En algunos casos, como el de Andilla (la Serranía), el incremento fue exponencial hasta alcanzar un 49,2%. En esta veintena de localidades sólo se incluyen aquellas en las que su ayuntamiento ha dado algún tipo de respuesta al INE, al ser requerida una explicación sobre el crecimiento exprés del padrón, si bien esos argumentos no han convencido a los responsables de la Oficina Electoral.
En otros casos, ni siquiera hubo ningún intento de aclaración municipal. En toda España son 23 los ayuntamientos que conforman esta segunda lista, especialmente negra. Por ahora no ha trascendido cuántos consistorios de la Comunitat Valenciana formarían parte de este pelotón de insumisos a la Oficina del Censo Electoral.
Los partidos políticos tiene hasta el 11 de abril de plazo para presentar recursos contra los municipios señalados por el INE. Al menos tres de ellos son viejos conocidos en el club de los sospechosos: Dos Aguas (UV), Antella (PP) y la Pobla de Benifassà (PSD). En el primer caso, se llegó a investigar por vía penal, a instancias de la Fiscalía del TSJ valenciano, el empadronamiento fraudulento -"manipulación en el censo y empadronamiento masivo"- de 107 personas en los 4 meses anteriores a los comicios de 2007.
En un censo de 400 habitantes. Los socialistas y el fiscal detectaron empadronamientos en casas de concejales de UV que ni siquiera disponían de luz y agua potable.
El alcalde José Ramón Grau es de UV, pero ahora se presenta por el PP. En la Pobla de Benifassà, cuyo alcalde Víctor Gargallo es del PSD, el número de electores pasó de 195 a 256, entre octubre de 2006 y abril de 2007. En Antella, se acusó a la alcaldesa de empadronar en su casa a cinco personas que no vivían con ella. La primera edil del municipio de la Ribera, Isabel Giménez, no quiso ayer hacer declaraciones.
