Como los soldados británicos en Dunkerke, los afectados por la Ley de Costas lanzaron ayer el grito desesperado de los desvalidos, con el mar al frente, cada vez más agresivo y voraz por culpa de una mala gestión del litoral, y los ejercitos de la Administración a la espalda, también hambrientos de terreno e inflexibles en su avance hacia el mar.
Cientos de personas procedentes de toda España y agrupadas en la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (Pnalc) se reunieron ayer en un salón restaurante junto a la playa de Alboraia para poner en común su experiencia de lucha contra un texto legal cuya aplicación califican de "arbitraria" y "anticonstitucional" en tanto se está administrando con carácter "retroactivo".
Uno a uno, representantes de diversos colectivos fueron exponiendo su caso y en ocasiones su drama personal. Son más de 5.000 los asociados en toda España, muchos de ellos de la Comunitat Valenciana, uno de los primeros lugares en los que comenzó la rebelión contra la ley de 1988.
El presidente de la plataforma, José Pedro Fernández, asturiano, cree que la reunión de Valencia, de la que ha salido un manifiesto único del colectivo, es solo "un paso más". Su tono no destila optimismo pese al triunfo que supuso el informe favorable del Parlamento Europeo. "Nuestro objetivo es una reforma de la ley, pero Costas nos sigue diciendo que estamos completamente equivocados, que abandonemos. Parece que peleamos contra un grupo de talibanes que no quiere moverse de sus posiciones".
Cuesta creer en una confabulación que incluya al Gobierno y también a los jueces consintiendo algo impensable en cualquier ley: la retroactividad... José Pedro Fernández recoge el guante. "Esa ha sido una baza muy empleada por el Gobierno, que niega que exista retroactividad y nos presenta como unos privilegiados, unos señoritos propietarios que nos hemos apropiado de la primera linea de playa, del dominio público, para disfrutarlo en exclusiva. Y no es así", explica el presidente.
"Para algunos, la aplicación arbitraria de la ley supone perder su única vivienda y prácticamente todo su patrimonio. Lo que hoy es legal, mañana viene alguien, traza una nueva línea sin saber muy bien con qué criterios y lo que era legal deviene ilegal. Eso es arbitrario", añadió.
Según José Pedro Fernández existe una aplicación diferente de la ley en cada comunidad, pero no es una cuestión política. "Cada demarcación de Costas, cada delegado tiene su librillo y además, como denunciamos, hay mucho margen para la discrecionalidad", declaró.
Por último, el presidente de la Pnalc se mostró escéptico sobre la posibilidad de encontrar apoyo político para modificar la ley, aunque mantienen contactos periódicos con los grupos parlamentarios. "Hablamos, nos escuchan..." Ayer, la concejal del Ayuntamiento de Valencia Lourdes Bernal pidió abiertamente cambios en la ley.
"Anormalidad institucional"
El "Manifiesto de Valencia" firmado ayer por los afectados por la Ley de Costas arranca por reconocer "la necesidad del régimen público de las playas y costas y en el libre acceso de todos a esos espacios de manera libre y gratuita". José Ortega, secretario de la plataforma y el abogado que ha protagonizado algunos de los éxitos legales de los afectados no cree, sin embargo, que la solución al problema llegue por un sentencia, sino en una modificación de la ley y que luego se aplique "a todos por igual". "Cuando el Gobierno está ganando el 99% de los casos en la Audiencia Nacional no es que esté haciendo bien las cosas, sino un signo de anormalidad institucional de la democracia en un país como España donde hay división de poderes", declaró. j. S. valencia
