La Conselleria de Educación ha denegado la información sobre el número de aulas prefabricadas en la Comunitat Valenciana a una ciudadana que lo solicitó por el registro de entrada de la Generalitat y que pertenece a la organización Govern Obert por "no ser parte interesada" en esta cuestión. Tres meses después de la petición, la entidad ayer presentó por correo certificado una queja formal al Sindic de Greuges al considerar que se vulnera el artículo 105 de la Constitución Española y "de las bases de un Estado democrático" apuntan.
Sin embargo, estos datos sobre barracones escolares, que en el presente curso se han cifrado en 913 prefabricados, se facilitan todos los años a los medios de comunicación al inicio del ejercicio académico, recordaron ayer fuentes de la conselleria.
Para el colectivo, se trata de "negar información a una ciudadana" que estaba interesada en el número de aulas, la duración por cursos lectivos de estas instalaciones en cada municipio más el coste que supone el mantenimiento de esta infraestructura así como de las empresas adjudicatarias de los concursos públicos, La información fue reclamada el 29 de abril de 2011.
Fuentes de la conselleria señalaron ayer a Levante-EMV que sobre la entrega de expedientes administrativos se aplica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece que únicamente se pueden facilitar estos expedientes a las personas que acrediten ser parte interesada.
Esta misma respuesta es la que recibió la ciudadana interesada quien se pregunta si "¿un ciudadano tiene que acreditar su condición de interesado para saber cómo se utilizan los recursos y el dinero público. Estos hechos son inaceptables en un Estado democrático. En Govern Obert lo que queremos es ejercitar nuestro derecho de acceso a la información pública, como ciudadanos independientes" indican.
