Un informe policial sobre la documentación y efectos intervenidos el pasado mes de abril en las oficinas de Salvetti Abogados y Consultores, propiedad del exedil socialista del Ayuntamiento de Alicante Javier Gutiérrez y de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, señala que ambos abogados realizaron alegaciones de empresas y particulares al Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad y ellos mismos elaboraron los informes para estimarlas a través de otra sociedad constituida por el exconcejal y que fue subcontratada por la empresa del equipo encargado de la revisión del PGOU.
La Policía afirma en su documento que las alegaciones presentadas por Salvetti «han sido estimadas o estimadas parcialmente en los puntos que más favorecían a las pretensiones solicitadas por la sociedad G&M Gestión del Suelo», que es la otra empresa de Gutiérrez contratada para hacer los informes jurídicos.
Tras la presentación de este informe y una vez regrese de vacaciones a finales de mes, el juez instructor, Manrique Tejada, citará previsiblemente a declarar como imputados a los dos abogados.
El informe, de 340 folios y que fue entregado la semana pasada por la Policía Nacional en el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU, asegura que existen indicios suficientes para afirmar que la creación y actividad de Salvetti Abogados «estaría estrechamente relacionada» con la tramitación del Plan General. De hecho, la Policía Judicial señala en su informe que el 90 por ciento de los ingresos percibidos por Salvetti Abogados durante 2008 y 2009 se deben a trabajos realizados sobre el PGOU.
La conclusión de los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de Alicante es que la documentación intervenida en el despacho de abogados desvela nuevos indicios que confirman las presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación y posterior estimación de alegaciones sobre el PGOU realizadas por ambos abogados a través de las sociedades Gutiérrez y Miguélez (G&M) Gestión del Suelo y Salvetti Abogados y Consultores. La sociedad G&M se constituyó en 2002 con Javier Gutiérrez como administrador único y en abril de 2009 se registró como socio único la empresa Serenne Gestión Urbanística, igualmente administrada por el exedil socialista desde su creación en 2006. Por contra, Salvetti Abogados comenzó a operar en diciembre de 2008 y se encargó de tramitar alegaciones al PGOU.
Según el informe policial, la empresa Laboratorio de Proyectos, del arquitecto Jesús Quesada, encargado de redactar la revisión del PGOU, firmó un contrato de prestación de servicios con la empresa G&M en el que encarga a dicha sociedad de Gutiérrez la realización de informes jurídicos sobre las alegaciones. En dicho contrato, el domicilio social facilitado de G&M es el mismo que el de Salvetti Abogados en la calle Castaños, cuando en el Registro Mercantil figura que está en la avenida Maisonnave.
Los investigadores también destacan en su análisis el asesoramiento realizado por José Luis Castedo para G&M, como en el caso del convenio de permuta de los terrenos de los Saladares, y señalan que los archivos informáticos intervenidos en el registro del bufete «corroboran la vinculación inequívoca de ambos investigados, ya no solo a través de Salvetti Abogados, sino incluso desde el periplo como técnico autonómico de José Luis Castedo».
Comunión de intereses
Para la Policía es evidente la «comunión de intereses» entre el despacho Salvetti y la sociedad G&M, ya que ambas pertenecen a la misma persona, Javier Gutiérrez, mientras que en el caso de Castedo el hermano de la alcaldesa participa también en ambas mercantiles, en Salvetti como administrador solidario y en la otra firma realizando trabajos de asesoramiento. En el documento entregado al juzgado la Policía también hace referencia a un informe del PGOU sobre la primera revisión provisional, en el que José Luis Ortuño, jefe del Servicio de Coordinación, decía que el informe del equipo redactor a las alegaciones «adolece de numerosas deficiencias: falta de motivación, contestaciones genéricas a planteamientos específicos, contradicciones, omisiones, etc». Ortuño advirtió de la necesidad de rectificar en profundidad dicho informe y así se hizo en la segunda aprobación provisional del PGOU.
Sin embargo, la secretaría general del Pleno municipal reconoce que no examinó las alegaciones y los informes de la empresa Laboratorio de Proyectos «al no haber contado con el tiempo suficiente para ello» y «dejó el control al amparo de los informes técnicos municipales».
El despacho ingresó más de un millón de euros en dos años por trabajos sobre el Plan
El informe policial establece que el despacho de abogados Salvetti ingresó más de un millón de euros por trabajos sobre el Plan General de Alicante durante dos años. Según la investigación de la Policía, el 90% de los pagos que recibía el bufete era precisamente por sus gestiones sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad. Entre sus clientes figuraba el empresario Enrique Ortiz, Bancaja, así como la mercantil del proyecto de Puertoamor, entre otros. El informe apunta a que además de estos ingresos, había futuras posibilidades de cobro por contratos de prestación de servicios a distintas mercantiles que podrían haber aumentado la cifra a varios millones.
En los casos registrados, los clientes contrataban los servicios del bufete para que les tramitara la presentación de alegaciones del Plan General de Ordenación Urbana para tratar de obtener un aumento de edificabilidad. Aunque alguna alegación fue desestimada por el Ayuntamiento, el informe destaca que la gran mayoría sí que se aceptaron y las que se estimaron parcialmente, recogían las propuestas que eran más favorables para los intereses del despacho de abogados. Los contratos de prestación de servicios en caso de que las pretensiones del particular prosperaran eran otra de las vías de ingresos. Por este motivo, los investigadores no han determinado si todas las cantidades de dinero que reflejan los contratos intervenidos en el registro policial del despacho se llegaron a cobrar. De todas maneras, establecen que la empresa llegó a percibir más de un millón de euros.
La Policía encuentra «revelador» que precisamente la primera factura emitida por este despacho estuviera a nombre de Enrique Ortiz. El empresario había contratado los servicios de los abogados para que le pusieran en contacto con propietarios de suelo en la partida de Fontcalent para comprarles sus parcelas. Por estos servicios, el despacho facturó 90.480 euros al empresario. josé antonio martínez alicante
