El juez de instrucción que investiga el escándalo de la depuradora de Pinedo empezó ayer a tomar declaración a los empresarios imputados en la causa. La primera en desfilar por el Juzgado número 15 de Valencia fue María Paz García Martínez, la administradora de las empresas Construcciones Rocafort y Valmasark, las subcontratas que facturaron por mantenimiento y albañilería más de 4,2 millones a la empresa pública Emarsa entre 2005 y 2010. A preguntas del magistrado, aseguró que el elevado número de horas cobradas cuando su empresa sólo tenía un único trabajador dado de alta en la Seguridad Social se explica en que otros tres o cuatro peones que «no estaban contratados porque trabajaban en otros sitios» acudían a la depuradora, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico.
En concreto, en algunos casos Construcciones Rocafort llegó a cobrar sólo en concepto de mantenimiento 910 horas al mes, según las mismas fuentes. En caso de que hubieran sido computadas al único trabajador que tenía dado de alta, el operario debería haber trabajado 38 días durante las 24 horas del día, algo técnica y materialmente imposible. Pero este caso no fue aislado ya que en otros meses, como enero de 2009, la firma cobró hasta 860 horas. En 2010 de repitió la misma operación. Esta firma facturó a Emarsa 527.498 euros en 2005, 513.266 euros en 2006, 863.361 euros en 2007, 814.022 euros en 2008, 299.230 euros en 2009 y 416.801 en 2010.
Junto a esta empresa, en 2008 entró a trabajar otra firma de la misma administradora, imputada por varios delitos. García Martínez aseguró que creó esta mercantil, de nombre Valmasark, para que no tuviera el sustantivo Construcciones, porque les generaba problemas con los bancos. Valmasark facturó más de 840.000 euros en dos años. Sobre los trabajos cobrados sobre obras en edificios y digestores de la depuradora de Pinedo que no existen la administradora de ambas empresas explicó que serían errores en la numeración de los edificios.
Dinero de los informáticos
Según fuentes jurídicas, en una declaración que duró desde las 9.15 horas a las 15.30 horas de ayer, el juez también inquirió sobre la relación entre las dos constructoras y las empresas de informática que facturaron 3,2 millones de euros en tecnología y que pertenecían al hermano de María Paz y jefe de Informática de la depuradora de Pinedo, Sebastián García Martínez, también imputado en el caso Emarsa.
El juez reveló que Construcciones Rocafort realizó ventas en 2009 a las empresas del jefe de Informática de Emarsa por 205.742 euros y 223.262 euros. La empresaria defendió esta actuación como un «préstamo por necesidad de financiación o liquidez». La misma operación también se realizó con la mercantil Valmasark.
La administradora admitió al fiscal en su interrogatorio que Emarsa era «prácticamente» el único cliente de su empresa, casi el 95 % del total de facturación, que disponía de dos furgonetas para transportar todo el material y para sacar los escombros de las obras que se realizaban en la depuradora. María Paz García también explicó que el gerente de Emarsa, Esteban Cuesta, no le pidió ninguna experiencia para que su empresa trabajara en la depuradora y que era él quien le aprobaba los presupuestos.
Cuesta asegura que custodiaba en una caja fuerte contratos de Enrique Crespo
El exgerente de la depuradora de Pinedo, Esteban Cuesta, volvió ayer a declarar ante el juez. El interrogatorio duró cinco horas que ya se suman a los dos días enteros de preguntas por parte del juez, el fiscal y las acusaciones. Según ha podido saber este periódico de fuentes jurídicas, Cuesta volvió ayer a referirse al expresidente de Emarsa y vicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo. Según explicó, en la caja fuerte que tenía en una entidad bancaria de Valencia guardaba cuatro contratos a petición de Crespo.
Según relató, estos contratos serían los de las personas que, como ya publicó este periódico, cobraban 1.800 euros mensuales de la depuradora de Pinedo si haber acudido nunca a trabajar. Se trata de una periodista, una abogada y otras dos personas.
Por otras parte, la depuradora de Pinedo tenía por costumbre elegir el procedimiento negociado con publicidad para otorgar sus contratos. En esta manera de adjudicar, es la empresa que requiere el material o servicio la que invita a los posibles interesados, habitualmente tres o cuatro competidores para decidir sobre la oferta más barata.
En el sumario del caso de Emarsa constan diferentes expedientes de contratación en los que se aprecian ciertos inconvenientes sobre los que el juez está indagando. Según los documentos en poder de este periódico las ofertas elegidas eran las más baratas. Las dudas subyacen sobre el propio proceso de adjudicación.
La contratación de la empresa de mantenimiento, a la que se acusa de facturar servicios no prestados, también se ciñó a la firma que presentó la oferta más barata. En este caso, optaron al contrato que resultó ser millonario hasta cuatro empresas.
De estas cuatro firmas dos pertenecen a la misma persona. Y eso que fue la propia Emarsa la que invitó a las empresas a optar al concurso. Ganó la firma Construcciones Rocafort, administrada por María Paz García Martínez, hermana del jefe de Informática de la depuradora de Pinedo.
Construcciones Rocafort presentó una oferta en la que su oficial cobraría 26 euros a la hora y el peón 25, un precio mucho inferior a las demás. Llama la atención que al concurso hecho en 2005 también se presentó Valsebe, administrada desde junio de 2008 por la propia María Paz García Martínez .
