El pleno de Les Corts Valencianes ha rechazado hoy, por los votos en contra del PP y a favor de la oposición, que el Consell se presente como acusación particular en el proceso judicial iniciado en la Audiencia Nacional contra la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós.

La propuesta la había planteado el grupo Compromís ante la "preocupante situación derivada de la nefasta" gestión de la CAM y los "escándalos" protagonizados por sus gestores, después de que la Audiencia Nacional haya admitido a trámite la querella contra Amorós, a la que se acusa de delito societario, de estafa y falsedad documental.

El diputado del PP Vicente Betoret ha acusado a la oposición de querer hacer "ruido", y ha anunciado que la comisión parlamentaria de investigación sobre la CAM se constituirá el próximo 16 de diciembre, y en ella hay que depurar las responsabilidades políticas, porque las judiciales le corresponden al juez.

Sobre la personación de la Generalitat, Betoret ha dicho que el Consell es "respetuoso" y no quiere "interferir" en la labor de la Justicia, y además la CAM no es ninguna entidad dependiente de la Generalitat ni de derecho público, mientras que el interés público "que pudiera existir se defiende por parte del Ministerio Fiscal".

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha acusado al PP de "mirar hacia otro lado" y dejar pasar esta oportunidad porque, aunque la Generalitat puede personarse sin interferir en la justicia, no quieren "formar parte de una investigación que al final les salpicará directamente".

Ha lamentado que el PP no exija ni dé explicaciones, le ha acusado de destruir el sistema financiero valenciano, y ha pedido que se dé luz sobre "uno de los mayores escándalos" en la Comunitat por unas gestiones políticas y económicas que han estado "vinculadas muy estrechamente" a las estrategias del partido en el gobierno.

Betoret ha pedido diferenciar entre una "deficiente gestión" y la presunta comisión de un delito, lo que a su juicio no se deduce del escrito de requerimiento formulados en noviembre por el Banco de España, que es al que compete incoar expedientes sancionadores si considera que hay alguna infracción.

El diputado popular ha insistido en que Les Corts no son "un tribunal" y no deben convertirse "en juez de nadie" ni hacer "juicios paralelos", y en que el Ejecutivo valenciano no debe adoptar posiciones que "pongan en entredicho" la presunción de inocencia en el Estado de Derecho.

El socialista Francisco Toledo ha acusado al PP de no querer buscar responsabilidad; ha pedido que nada quede "impune" en el sistema financiero valenciano, y ha augurado que en el futuro habrá más "directivos, quizá consejeros", en los tribunales, porque lo que ha pasado en el Banco de Valencia los accionistas no lo van a dejar pasar.

Esther López (EU) ha acusado al PP de colocarse en defensa de la "corrupción" y de identificarse con quien "defrauda, engaña y encima parece burlarse de la ciudadanía".