El presidente provincial del PP de Castelló, Carlos Fabra, será juzgado por cinco posibles delitos fiscales después de que el Tribunal Supremo haya anulado el auto judicial que declaró prescritas cuatro de las causas. Los cinco supuestos fraudes fiscales se unen a la acusación de presunto tráfico de influencias y cohecho que ya pesan sobre el expresidente de la diputación.
La Audiencia Provincial de Castelló decretó en diciembre el archivo de cuatro de los cinco delitos fiscales atribuidos a Carlos Fabra y su exesposa, correspondientes a los ejercicios 2000 a 2003, y sólo mantuvo viva una causa de 1999. Los magistrados, atendiendo el recurso de Fabra, argumentaron que en siete años de diligencias en los juzgados de Nules ninguna de las partes interpuso una acción judicial -tales como una denuncia o una ampliación de la querella- que interrumpiera los plazos de prescripción. Declaró caducadas cuatro de las causas y ordenó al juzgado de Nules que limitara su investigación al ejercicio fiscal de 1999 y a un posible tráfico de influencias.
Casi un año después, el Tribunal Supremo revoca el auto de la Audiencia de Castelló, dando la razón al fiscal, la acusación popular (la Unión Consumidores) y la Abogacía del Estado, que recurrieron al alimón en casación. En su sentencia, la Sala Segunda de lo Penal del Supremo deja sin efecto el sobreseimiento de los cuatro supuestos delitos fiscales de Carlos Fabra y su exesposa, María Amparo Fernández. También anula el archivo de una causa fiscal de la exmujer de Fabra del ejercicio 1999.
Los magistrados del Supremo contradicen a los de la Audiencia de Castelló e interpretan que sí que hubo una acción judicial que interrumpió el plazo de prescripción. En concreto, un auto de la propia Audiencia, de febrero de 2006, que ordenó una prueba pericial para indagar sobre el origen del incremento patrimonial de Fabra y su familia entre los años 1999 y 2004. Según el Supremo, esta resolución judicial "tiene capacidad para interrumpir la prescripción", fijada en cinco años, por lo que los posibles delitos no han prescrito.
3,3 millones sin justificar
La sentencia del Supremo retrotrae el proceso al punto en que estaba antes de que la Audiencia Provincial de Castelló decretara el archivo de las cuatro causas fiscales. Por lo tanto, el horizonte judicial de Fabra se encapota de nuevo, ya que vuelve a estar acusado de cinco posible fraudes. Los peritos de Hacienda señalaron en su informe que el presidente provincial del PP y su exmujer pudieron ingresar 3,3 millones de euros sin justificar entre 1999 y 2003. La cuota defraudada a Hacienda se situaría en torno a 1,7 millones. Fabra une a estas causas las de cohecho y tráfico de influencias.
Este mes de diciembre se cumplen ocho años del estallido del caso Fabra. El empresario químico Vicente Vilar se querelló en 2003 contra el entonces presidente de la diputación y le acusó de cobrarle comisiones a cambio de influencias para agilizar la concesión de licencias de fitosanitarios.
Un tribunal ordinario juzgará al presidente del PP de Castelló
Con la sentencia del Supremo, la pelota vuelve al juzgado número 1 de Nules, que, finalizada la instrucción, decretará el auto de apertura de juicio oral. Tras este paso, la Audiencia de Castelló tendrá que fijar fecha para que Fabra se siente en el banquillo. Será juzgado por un tribunal ordinario, compuesto por magistrados, y no por un jurado popular.
En octubre del año pasado, la Audiencia aceptó un recurso de la Fiscalía y del propio Fabra contra la decisión del juzgado número 1 de Nules, que pretendía tramitar la causa de acuerdo a la Ley del Tribunal del Jurado. Fuentes del caso estiman que el juicio tardará varios meses en celebrarse. La Fiscalía y la UCE ya presentaron sus escritos de calificación.
El fiscal solicitó 15 años de cárcel para Carlos Fabra por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública, además de inhabilitación y multa. La UCE, que ejerce como acusación popular en el caso, solicitó una pena de 20 años de prisión y 18 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castelló deliberará el próximo lunes si acepta el recurso de la UCE, que pide que se impute a exaltos cargos del Gobierno de Aznar y a directivos de oficinas bancarias.
