A la diputada del PSPV Eva Martínez no le cuadran los números de la Fórmula 1. Lo dijo ayer en el pleno de las Corts, en el debate de su propuesta en la que exigía al Consell que resuelva el contrato para la celebración del Gran Premio de Europa pero, en caso de mantenerlo, prescinda de las cláusulas de confidencialidad en los acuerdos con el magnate Bernie Ecclestone. El PP recurrió a su mayoría absoluta para tumbar la petición -respaldada por Compromís y EU- pero Martínez aprovechó el debate para lanzar una acusación de grueso calibre. Tal como refirió, el informe encargado por el Consell sobre el impacto económico de la prueba en 2010 declaró una cifra de visitantes con entrada de 69.443 personas (además había otras 2.000 reservadas a Ecclestone). En cambio, en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Valmor contabilizó 7,7 millones de recaudación por taquilla. El citado informe explica que el coste de las entradas oscilaba entre un precio mínimo de 195 euros hasta los 1.400. Martínez dividió la recaudación por el precio mínimo. ¿Resultado? Más de 39.000 entradas vendidas. Y concluyó: "Han perdido más de 30.000 entradas por el camino".
"O se colaron 30.000 personas a la Fórmula 1, cosa que parece rara, o Valmor cometió un delito fiscal y contable porque para pagar menos impuestos contabilizó en el Registro Mercantil un importe inferior de recaudación por entradas", razonó la parlamentaria, que añadió otra hipótesis, la de que la empresa organizadora de los premios estos años "engañó" al Consell dándole datos "totalmente falsos" para engordar las cifras. Martínez precisó después que las cuentas corresponden a 2009 si bien recalcó que, como la asistencia en 2010, en plena crisis, fue menor que el año anterior, el desfase entre entradas declaradas y vendidas aún sería mayor. "Lo pierden todo", recriminó la diputada al PP al recordar su denuncia sobre las miles de entradas "desaparecidas" para Terra Natura.
Eva Martínez también censuró que el documento de impacto económico, que le llegó oficialmente del Consell, incluye dos páginas en las que, "como si de un informe de la CIA se tratara, hay dos páginas que aparecen totalmente en negro y el mensaje 'confidencialidad'", pese a que el trabajo, que lleva el logotipo del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, "ha costado 60.000 euros a los valencianos".
Durante el debate, la diputada del PP Alicia de Miguel justificó el veto a la propuesta en que el contrato de la Generalitat con el patrón de la F1 se está "renegociando a la baja", por lo que considera que se trata de un "momento delicado" en el que "cualquier tipo de noticia" sobre este asunto "podría alterar los resultados y condiciones" contractuales. La socialista, en cambio, defendió la cancelación del contrato -"pensábamos que tras los recortes darían marcha atrás pero el presidente de la Generalitat ha preferido matar poco a poco la educación y la sanidad que plantar cara a Ecclestone", dijo- y, en todo caso, que la penalización la abonaran los socios privados que integraban Valmor y no que el Consell asuma la deuda acumulada por esta sociedad. "Fabra es un fracasado, porque Corea del Sur sí que ha logrado rebajar el canon", dijo.
De Miguel se luce ante Camps
De Miguel reprochó a los socialistas que, "con tal de socavar al PP, lesionan los intereses de la C. Valenciana", y preguntó por qué al PSOE "le parece bien la Fórmula 1 en Cataluña, en Montmeló, y no en Valencia". La popular, crecida en presencia del expresidente Francisco Camps -sentado en su escaño-, proclamó que el Consell "va a seguir con la F1, aunque ajustada", porque es "prosperidad y futuro". Según dijo, frente a la forma "pacata, algo paleta y muy anticuada de gobernar" que tenía el PSPV, "ha sido cuando llegó el PP cuando esta Comunidad ha incrementado su prosperidad, confianza en sí misma, su orgullo de ser y su capacidad de poder".
Mònica Oltra, de Compromís, sostuvo que la compra de Valmor por el Consell -por un euro, a cambio de asumir la deuda- es una "estafa a los valencianos y una malversación de dinero público" porque se destinan recursos "al agujero de una empresa privada que se hizo para ganar dinero". Lluís Torró, de EU, se preguntó "qué esconde" el Consell para incluir "tanta cláusula de confidencialidad" y "eludir los controles públicos".
