Los socialistas valencianos parecen abonados a tomar las decisiones de estrategia judicial, en asuntos sobre corrupción, a contrarreloj. La prisa llevó a Jorge Alarte y a Ángel Luna a presentar la querella Gürtel por presunta financiación ilegal del PP antes incluso de que acabara la investigación de la Fiscalía, mientras el asunto estaba bajo secreto de sumario y en contra del criterio jurídico de los letrados, que aconsejaron esperar. Dos años y medio después y en puertas de empezar las declaraciones judiciales, el próximo 26 de abril, la nueva dirección del PSPV y la ejecutiva de Ferraz están estudiando si siguen o se retiran de la causa.

El PSPV presentó la querella contra Francisco Camps, otros dirigentes populares y empresas contratistas de la Generalitat como Sedesa, Facsa, Lubasa o Enrique Ortiz en noviembre de 2009. Consiguió con ello su doble objetivo. Por una parte fijó posición en un frente que, junto con la lucha en otros escándalos de corrupción, ha sido el gran activo enarbolado por Alarte y Luna en su gestión de la estrategia política del PSPV entre febrero de 2009 -cuando estalló el caso Gürtel- y el 31 de marzo de 2012, el día en que los delegados del XII congreso amortajaron a Alarte con el traje de secretario general. En segundo lugar y no menos importante, Alarte y Luna consiguieron, mediante la personación, tener acceso a toda la documentación de la causa para gestionarla debidamente en Madrid y ganar con ello apadrinamiento político.

Ahora, en vísperas de que arranquen las declaraciones de los 23 imputados y testigos, el PSPV se replantea si sigue. Puig y Rubalcaba deberán tomar la decisión de forma colegiada. En primer lugar, por estrategia política y judicial. La mayor parte de la dirección del PSPV, con Ximo Puig al frente, mantiene las dudas expresadas en su día sobre si es conveniente seguir acusando a media docena de grandes empresas valencianas. Defienden quienes se alinean en esta opinión que los empresarios entienden esa actuación como una agresión en términos corporativos. Otra razón no declarada es el temor a lo que puedan declarar los empresarios que han trabajado para ayuntamientos de todos los colores cuando se vean acorralados en el banquillo. Existe otro motivo añadido que empuja a la retirada: la deuda crónica que mantiene el partido con los abogados que lo han representado desde 2004 en 18 causas judiciales, la mayoría sobre escándalos de corrupción que afectan al PP.

El PSPV adeuda nada menos que 516.761 euros al despacho jurídico. El pasado mes de febrero, tras varias reuniones en las que reclamaron el pago de la deuda -el despacho ha asumido hasta el coste de procuradores o peritos-, los letrados remitieron un escrito a Jorge Alarte en el que avisaron de que si no pagaba presentarían renuncia por escrito en los juzgados. Por motivos económicos, Alarte dio instrucciones para que el PSPV se retirara de seis asuntos. El exsecretario general ordenó seguir presente en la causa Gürtel de la financiación. Pero el hecho es que los socialistas siguen sin pagar las deudas. El abogado Virgilio Latorre está negociando a la baja con la nueva ejecutiva para intentar cobrar la deuda, según fuentes de Blanquerías.

Si los socialistas deciden consumar finalmente la retirada, de acuerdo con Ferraz, tienen dos opciones. Una posibilidad es presentar un escrito para recular, que debería estar rubricado por los firmantes de la querella, entre ellos Ángel Luna o el propio Ximo Puig. En segundo lugar, podrían forzar la renuncia de los letrados y no designar a otro representante legal cuando el juez les inste a hacerlo.