El Consell que preside Alberto Fabra subirá de nuevo la presión fiscal para tratar de salvar una cuentas públicas sobre las que pesa la amenaza de sufrir una intervención del Gobierno central. El plan de reequilibrio que mañana viernes tiene previsto aprobar el Ejecutivo valenciano contendrá, además de nuevos recortes en el gasto, medidas para aumentar la recaudación mediante la implantación de tasas judiciales y medioambientales.
Según ha podido saber Levante-EMV, el Consell tiene ya decidido cobrar a los valencianos por litigar. La nueva tasa judicial, que emula a la que entrará en vigor en Cataluña el próximo mes de mayo, se sumará a la que el Gobierno central ha aprobado a través de la ley de presupuestos y que en la práctica supone introducir el copago en la Justicia. Hasta ahora sólo las empresas con unos ingresos superiores a 10 millones de euros estaban obligadas a pagar por presentar recursos o iniciar procedimientos civiles o contenciosos. Los presupuestos generales del Estado amplian la cuantía de esta tasa y los sujetos expuestos a la misma. Cataluña, por su parte, ha introducido sus propias tasas; un camino que seguirá también la Comunitat Valenciana.
La imperiosa necesidad de aumentar los ingresos —el desplome de la recaudación por los tributos propios es alarmante— obligará a Fabra a volver a subir impuestos tan sólo cuatro meses después del decreto de medidas urgentes para reducir el déficit que conllevó la subida de la gasolina, del tramo autonómico del impuesto sobre la renta y la supresión de deducciones fiscales. Junto a la tasa judicial, el Consell tiene previsto imponer un impuesto medioambiental. La medida ya fue avanzada hace unos meses, pero no llegó a aplicarse. En principio, el Ejecutivo baraja gravar a las empresas contaminantes, básicamente a las grandes compañías energéticas. La central nuclear de Cofrentes está en el punto de mira de las medidas.
También parece bastante probable —si bien la decisión todavía no está tomada— que se suavicen las bonificaciones que el Consell mantiene desde hace años sobre el impuesto de sucesiones y donaciones. La recuperación del impuesto de Patrimonio está también encima de la mesa, pero el presidente Alberto Fabra se resiste a quemar este cartucho. La oposición lleva tiempo reclamando al Consell que aplique el impuesto que grava las grandes fortunas —Rajoy lo ha mantenido—pero el PP valenciano se resiste a hacerlo para no enfrentarse con las hemerotecas.
Tal como informó ayer ese diario, el recorte que Fabra debe aplicar a las cuentas públicas para convencer al Gobierno central de que cumplirá este año con el objetivo de déficit del 1,5% alcanzará los 2.200 millones de euros. La cantidad es de tal magnitud que implica volver del revés los presupuestos. Así, las cuentas aprobadas en enero tendrán que incorporar los 1.058 millones del decreto ley de medidas urgentes; más un tijeretazo de 1.000 millones en Sanidad y Educación. Fuentes del Consell confirmaron que el hachazo se completará con un acuerdo de no disponibilidad de crédito; es decir, habrá una orden para cortar por lo sano el gasto en transferencias corrientes e inversiones; dos capítulos que ya nacieron muy ajustados. El mayor esfuerzo, reconocen las fuentes consultadas, tendrá que hacerlo el departamento de Sanidad. El fin de las llamadas facturas en los cajones y la amenaza de represalias obliga a los gestores de centros sanitarios a ser escrupulosos al máximo a la hora de comprometer gasto.
«Es como comerse la verdura que no gusta»
El conseller de Economía, Máximo Buch, aseguró ayer que medidas de ajuste deben explicarse como lo que sucede al comerse la verdura. «Si nos comemos la verdura esa que no nos gusta, luego estaremos más fuertes y creceremos más», dijo. «Es un sacrificio que luego tiene premio», añadió.
