El Gobierno valenciano espera ingresar unos 156 millones de euros anuales gracias a dos nuevos impuestos medioambientales, la implantación de tasas judiciales, la aplicación del Impuesto de Patrimonio y la subida en un punto del impuesto aplicable a las transmisiones patrimoniales onerosas.
El pleno del Consell ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de Impuestos medioambientales de la Comunitat, en el que se incluyen todas estas medidas en cumplimiento del Plan de reequilibrio económico financiero de la Generalitat, según ha recordado en rueda de prensa el conseller de Hacienda, José Manuel Vela.
Los dos nuevos impuestos medioambientales gravan las actividades que inciden en el medio ambiente y la eliminación de residuos en vertederos, respectivamente, y con ellos se espera ingresar anualmente 30'94 millones de euros (29'3 en el primer caso y 1'57 en el segundo), que se destinarán exclusivamente a políticas medioambientales.
La aplicación del Impuesto de Patrimonio en 2012 -en principio el Consell lo iba a bonificar al 100% en 2011 y 2012- busca que "contribuyan más los que más tienen" y supondrá ingresos suplementarios de 70'66 millones de euros, ha explicado Vela, quien ha considerado que "las circunstancias mandan" y "rectificar es de sabios".
La subida del 7% al 8% del tipo general del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la modalidad de transmisiones onerosas, permitirá ingresar 44'75 millones de euros, y la nueva tasa por servicios personales y materiales en el ámbito de la Justicia supondrá entre 8 y 10 millones de euros.
Por lo que respecta a los impuestos medioambientales, se parte de la premisa de que el que contamina paga", y en el caso de las actividades que repercuten en el medio ambiente se gravarán cuestiones como la producción de energía eléctrica, el transporte de sustancias peligrosas, el almacenamiento de residuos radiactivos y la emisión de gases contaminantes.
Estarán exentos de este impuesto la producción de energía eléctrica a partir de energía eólica o solar o para el autoconsumo y el almacenamiento de residuos radiactivos para actividades médicas o científicas, y tampoco se gravarán los inmuebles donde se hacen estas actividades ni los ingresos que se obtienen por ellas.
Vela ha resaltado que "se grava más cuanto mayor es el daño", y así por ejemplo pagarán más las nucleares que las eléctricas de ciclo combinado de gas.
El impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos, del que Vela ha precisado que no afectará a lo que pagan los ciudadanos por la basura domiciliaria, se refiere al depósito de residuos en vertederos públicos o privados de la Comunitat para su eliminación, y permitirá recaudar 1'57 millones de euros (el equivalente a 30 céntimos por ciudadano).
Respecto a las tasas judiciales, habrá que pagar a la hora de presentar demandas en determinados procedimientos civiles y contencioso-administrativos y cuando en ellos se interpongan recursos de apelación o casación.
Quedan excluidos el Ministerio Fiscal, las personas que tengan reconocido a la asistencia jurídica gratuita y quienes busquen un acuerdo de mediación, mientras que habrá bonificaciones para familias numerosas, monoparentales y trabajadores autónomos.
Esta tasa supondrá unos recursos adicionales de entre 8 y 10 millones de euros anuales, que se destinarán a modernizar las infraestructuras judiciales.
El anteproyecto de ley se remitirá ahora al Consell Jurídic Consultiu y al Comité Económico y Social para que emitan sus informes.
