La única salida del exconseller de Solidaridad Rafael Blasco para forzar su salida de la investigación del fraude en las ayudas de cooperación es lograr la nulidad de las actuaciones que ha realizado la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, María de las Nieves Molina. Un sector de la abogacía considera que se han podido vulnerar sus derechos al entender que la causa debía haber sido remitida antes al Tribunal Superior de Justicia. El propio Blasco, según apuntaron ayer por la tarde fuentes cercanas al caso, cree que la magistrada debía haberle imputado antes sin consideraba que existían indicios de delito contra él y que se ha extralimitado en el mantenimiento del secreto del sumario. Sin embargo, otro sector de la abogacía y la propia Fiscalía entienden que la juez ha actuado correctamente porque tenía que agotar todas las pesquisas.

Un representante del Ministerio Público insistió en que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia es «especialmente escrupuloso al asumir las causas con aforados. El último ejemplo es la causa por delito electoral contra el exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo (aforado por su condición de diputado) que el juez instructor remitió al TSJ y que el tribunal devolvió para que se completaran las pesquisas». Un abogado que comparte este criterio añadió que «el concepto de indicios de delito es muy subjetivo» por lo que considera improbable la nulidad.

Sin embargo, el sector de la abogacía más crítico con la investigación judicial insiste en que si la juez «ha apreciado desde el primer día indicios contra Blasco todo es nulo porque se le ha generado una indefensión. Si el Tribunal Superior de Justicia considera que sí que se ha producido esa vulneración toda la investigación estará contaminada porque nadie ha representado a Blasco durante la instrucción». Además, advirtieron de que lo importante es saber «desde cuándo la magistrada ha hallado indicios de delito en la actuación de Blasco». Las mismas fuentes pusieron como ejemplo que en la causa de la financiación del PP los constructores que están bajo sospecha han podido personarse desde antes de que el juez José Francisco Ceres los citara a declarar el próximo 11 de julio y sus abogados están presentes en los interrogatorios por si algún imputado declara algo que les perjudica. La investigación con el nuevo juez instructor del TSJ arrancará con toda probabilidad después del verano si un recurso del exconseller no lo impide antes.