Los empresarios que tantean optar al concurso del modelo público -privado de gestión sanitaria aseguran que el borrador que ha desarrollado la conselleria está plagado de incertidumbres y, como ellos mismos dicen, de «agujeros negros». No les gusta el planteamiento. No les convence el pago de un canon y afirman que el proyecto que quiere sacar adelante el conseller de Sanidad, Luis Rosado, «es una copia del que no ha funcionado en Reino Unido». Ni tampoco, y en menor escala, en Madrid.
Lo que a ellos les gustaría es extender, como una mancha de aceite sobre todo el mapa sanitario de la Comunitat Valenciana, el modelo Alzira de concesión administrativa para poder gestionar toda la asistencia sanitaria y el personal, que según indicaron los síndicos parlamentarios de la oposición «es donde se encuentra el verdadero botín del negocio».
El documento no pasó el primer filtro de la Abogacía del Estado que emitió un informe muy demoledor del proyecto que defiende a ultranza el conseller Rosado. Parece ser que los técnicos «trituraron» el pliego párrafo a párrafo. Demasiado cable suelto y demasiada indefinición de los mecanismos de control de la gestión privada de los fondos públicos.
El informe de evaluación previa, que es como se denomina el borrador al que ha tenido acceso Levante-EMV, ya deja claro la incapacidad de la Conselleria de Sanidad para definir «con exactitud» el alcance del objeto, de los servicios y medios técnicos necesarios para lograr los objetivos. De ahí que sea necesario establecer la fórmula del diálogo competitivo con los interesados para cortar el traje a medias.
Al conseller de Sanidad le complació escuchar el pasado jueves en Valencia los resultados que expuso el exministro de sanidad de Reino Unido Alan Milburn, para defender la validez del modelo que ahora intenta poner en marcha el político valenciano al afirmar el británico que la lista de espera, que era de 18 meses cuando llegó, quedó reducida a 18 semanas con las implantación de la nueva fórmula y que las bondades de la gestión compartida habían conseguido reducir las tasas de mortalidad coronaria y oncológica. Nada dijo de los avances farmacológicos y quirúrgicos en ambos campos.
El celo de la abogacía
Los cambios que sobrevendrán de la gran aventura del transformar el actual modelo sanitario al que tiene en mente el conseller son comparables a la vida en un nuevo mundo en el que prime el beneficio de la gestión de los servicios como síntesis del concepto. De ahí el celo exquisito de la Abogacía en ajustar el primer documento a la estricta legislación. Una vez más, la C. Valenciana se convertirá en la cobaya de un experimento de gestión en el que la vida y muerte juegan con el mismo mazo de cartas.
El nuevo matrimonio público-privado de gestión tiene un precedente cercano que fue cuando las grandes empresas privadas del radiodiagnóstico se hicieron con la exclusividad de la prestación en la red pública. El resultado fue la fagocitación y fragmentación de los históricos servicios y la desaparición de la enseñanza de las últimas técnicas a los médicos internos residentes (MIR). El concurso permitió que los precios se dislocaran y la frecuentación de exploraciones —el triple de la media nacional— se disparó como en ninguna otra autonomía. La Administración y todos los políticos del PP que se han sentado en el sillón de conseller en los últimos catorce años no hicieron nada para cortar la sangría económica que habían vaticinado los radiólogos.
La privatización de las exploraciones de resonancia magnética ha dejado en los últimos años a las empresas adjudicatarias pingües beneficios que salen de las arcas públicas.
En este viaje de transformación sideral de la sanidad que ha emprendido el actual responsable sanitario para que el sistema se desprenda de los hábitos caducos e incorpore una gestión más flexible van a convivir dos conceptos antagónicos: las empresas que legítimamente quieren obtener beneficios y el cuidado de la salud sin límite de medios. Los sindicatos de la mesa sectorial que, al igual que ocurrió en Reino Unido, se han opuesto abiertamente a este salto al vacío hacia un lugar desconocido hasta la fecha aseveran que no se puede dar más por menos.
En la exposición de argumentos que recoge el borrador, la conselleria destaca la gran disparidad con la que cada departamento gestiona los servicios, con una multitud de proveedores diferentes para cada una de las áreas, «lo que dificulta la gestión y merma la eficiencia».
Esto mismo que ahora echa por tierra el documento fue un logro en defensa de la gestión autonómica de cada departamento que introdujo uno de los conselleres del pasado (Vicente Rambla), pero entonces no se podía prever que aquella decisión daría lugar a contratos muy heterogéneos y poco eficaces para cada uno de los servicios que salían a concurso.
Ahora lo que preconiza el nuevo modelo es lo contrario: concentrar la contratación de la gestión y la prestación conjunta de determinados servicios sanitarios para los departamentos como se hacía antes pero en vez de estar en manos de la Administración, entregárselo a una unidad temporal de empresas (UTE: «Buscando con ello un esfuerzo de la mejora de la eficiencia, con la repercusión que se traduce en ahorros cuantificables para la Generalitat», recoge ahora el borrador.
Reducción del gasto de un 10 %
La Administración cuantifica una reducción del gasto de un 10 % para los servicios no sanitarios y de un 15 % para los sanitarios concertados y no concertados. El nuevo contrato de colaboración público privado tendrá dos patas. Por una parte, el control de la gestión de la logística y los suministros, y de otra, la prestación de servicios sanitarios concertados y no concertados.
En la estrategia de captación de empresas, la conselleria agrupará los 18 departamentos que gestiona ahora mismo la Administración —hay otros cinco bajo el «modelo Alzira»— en varios lotes para darles «un atractivo homogéneo para los potenciales colaboradores privados». Es decir para que las empresas que concurran a los diferentes lotes obtengan unos beneficios similares, aunque los dos primeros años serán de pérdidas.
La apuesta del conseller Rosado
El conseller de Sanidad, Luis Rosado, se juega la continuidad de su cargo a cara o cruz con el nuevo modelo de colaboración público privada de gestión sanitaria. Al intensivista se le nota el cansancio y el desgaste que arrastra en esta difícil época de Gobierno pero si el pliego de condiciones inicial no se modifica puede que se encuentre con la sorpresa de que ninguna empresa esté interesada en embarcarse en un proyecto que establece un canon de 780 millones por la explotación de los servicios durante cuatro años (los 360 millones de dos primeros año se pagan al inicio y además dentro de los primeros quince días de la adjudicación.
Los empresarios sostienen que el modelo de Rosado tampoco cuenta con el respaldo de la Conselleria de Hacienda que, al igual que ellos, era más partidaria de extender el modelo Alzira, que tiene una cápita de 630 euros por habitante y año. p. g. b. valencia
