A lo largo de los quince o veinte años de duración del contrato, las operadoras privadas se responsabilizarán de la prestación de los servicios contratados —logística, sanitarios concertados y no concertados—tanto en los centros que ya existen como en los de nueva creación que se construyan durante la vigencia del contrato.
El borrador también indica que las inversiones de infraestructura, tecnología y equipamiento sanitario y no sanitario, entendidas como inversiones nuevas o grandes reposiciones de equipamiento, no se contemplan dentro del perímetro del contrato. Sin embargo, la cláusula no cierra la puerta a que el gestor privado pueda reformar los centros para mejorar la explotación de los servicios.
Jornada de trabajo y permisos
Aunque la conselleria es contundente en afirmar que la gestión del personal no se cederá a las operadoras, sí precisa que los empleados que trabajen en los servicios gestionados por estas empresas (sanitarios concertados y no) dependerán funcionalmente de las operadoras en lo relativo a organización, métodos y desarrollo del trabajo y objetivos a cumplir.
El pliego recoge que los empleados serán intocables en los aspectos referidos a movilidad, retribuciones, jornada de trabajo, permisos, licencias y pérdida de la condición de personal estatutario. El documento, sin embargo, abre la posibilidad a que los empleados interesados pueden solicitar su traslado a la empresa.
Un 30 % del ahorro que se consiga en la prescripción de las recetas de farmacia de los centros de salud, hospitales y centros socio sanitarios serán para los operadores. El mismo porcentaje que ya se aplica en los departamentos gestionados bajo el «modelo Alzira»: Dénia, Ribera, Torrevieja, Manises y Orihuela.
El mayor esc0llo y lo que podría dejar el concurso desierto es el abono del canon, que las empresas no entienden si a cambio no se les cede la explotación de las infraestructuras sanitarias para hacerse cargo también de la asistencia al paciente, según informaron a Levante-EMV fuentes próximas al sector.
La actitud renuente de los empresarios a entrar al quite de la oferta realizada por el conseller y el tropezón en la Abogacía de la Generalitat ha retrasado el proceso que ya debería de estar en la fase de «diálogo competitivo», y todavía está en el trámite de enmendar el texto legal.
