Sobre el papel, el copago farmacéutico es igual para todos los pensionistas de España pero no todos los pensionistas en España tienen que pagar lo mismo a fin de mes. Lo que realmente determina la cuantía del copago no es la letra o el espíritu del decreto 16/2012 que lo estableció sino las coordenadas geográficas de latitud y altitud que indiquen la residencia de cada uno.

Aunque a seis meses de la entrada en vigor del decreto (domingo, uno de julio), que nació con el largo apellido de "Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud" ya nadie duda de que el propósito era crear una nueva tasa recaudatoria del 10 % sobre el coste de los medicamentos hasta alcanzar unas aportaciones máximas de 8, 18 y 60 euros al mes, según el volumen de la renta anual (menos de 18.000 euros, más de 18.000 y más de 100.000 euros, respectivamente), cada comunidad autónoma aplica un rasero diferente a sus jubilados, aunque se supone que el texto legal es el mismo para todos.

El copago farmacéutico de la ministra Ana Mato ha dividido a los pensionistas en tres clases: los que solo pagan 8, 18 o 60 euros al mes y a partir de esas cantidades cualquier medicamento que les sea prescrito saldrá con aportación cero; las que siempre van a exigir el cumplimiento estricto de la norma, esto es: pagar el 10 % de todo lo que se consuma y la Administración se encargará posteriormente de reembolsar la diferencia entre lo pagado y las aportaciones máximas establecidas entre tres y seis meses y las que han establecido un doble techo de 30 euros al mes para llegar al medicamento de coste cero y un periodo para reintegrar al usuario lo que ha pagado de más sobre la aportación que le corresponde.

Los menos perjudicados por la aplicación de decreto son los ciudadanos que residen en Madrid, Andalucía, Galicia, Canarias y Cataluña ya que cada una de estas autonomías ha establecido una modalidad diferente para controlar el gasto de sus pensionistas, de modo que cuando lleguen al máximo de la aportación fijado en la ley, dejarán de pagar lo que consuman, como si fuera una vuelta atrás a la receta roja a partir de llegar a los 8, 18 o 60 euros al mes.

La comunidad de Madrid ha inventado un curioso sistema de "tarjetitas" donde al usuario se le anota el precio de los medicamentos que adquiere y el porcentaje que ha pagado y cuando llega a la aportación máxima mensual según su renta que se menciona en el decreto, se acabó el copago por ese mes.

Cuando la medida entró en vigor, la consejera de salud del Gobierno andaluz, María Jesús Montero, que tenía claro que en Andalucía nadie adelantaría un euro de más al mes sobre las aportación máxima que le correspondiera, alertó entonces sobre la perversidad del sistema de reembolso contemplado en el decreto, al afirmar que cuando la Administración tenga un problema de Tesorería el enfermo tardará más tiempo en recuperar su dinero, como se ha demostrado en las autonomías donde los pensionistas se han convertido en los financiadores de la Administración, como por ejemplo ocurre con los de Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, entre otros.

La mayor parte de las autonomías ha optado por cumplir la letra del decreto a rajatabla, cobrar al pensionista el 10 % de todo lo que consuma y que la Administración luego haga sus cuentas con él. En este grupo se encuentran Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, La Rioja, Ceuta, Melilla, Aragón y Baleares.

En la tercera modalidad de pago entran la Comunitat Valenciana, Murcia y Cantabria. Aquí, la norma es que el pensionista abone un máximo de 30 euros al mes, independientemente de su renta, y posteriormente el territorio autonómico le reintegrara la diferencia en un plazo de tres a seis meses.

Aunque los pensionistas del Pais Vasco se habían librado del copago, una sentencia del Constitucional del día 18 obliga a su cumplimiento aunque de momento nadie sabe bajo qué fórmula.