El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha confirmado este martes la decisión de Bruselas de reducir en 116 millones las ayudas comunitarias a la Comunitat Valenciana tras constatar "irregularidades sistémicas" en la adjudicación de contratos y el pago de los fondos.
La sentencia desestima todos los argumentos presentados por España y rechaza sus recursos contra la decisión del Ejecutivo comunitario. Además, se reducen los fondos estructurales para Andalucía en 219 millones de euros y los del País Vasco en 28 millones. En total 363 millones.
Las irregularidades fueron detectadas por la Comisión durante las auditorías aleatorias realizadas para verificar cómo se habían gastado los fondos del periodo 1994-1999 en las tres comunidades. "A raíz del examen de dichas muestras, la Comisión apreció numerosas irregularidades, algunas de ellas recurrentes", destaca el fallo.
Los errores constituían principalmente infracciones de la normativa de la UE en materia de contratación pública, tales como la modificación de contratos iniciales y la adjudicación directa de las obras complementarias sin realizar una nueva licitación; la adjudicación de contratos utilizando criterios supuestamente irregulares (como el criterio del precio medio y la implantación local y la experiencia de la empresa) y la no publicación de anuncios de licitación en el Diario Oficial de la UE.
La Comisión también señaló la infracción de las normas aplicables en el ámbito de los fondos estructurales, como la ejecución de compromisos después de la fecha límite fijada, los pagos de los gastos con posterioridad al plazo de elegibilidad, o bien la falta de pistas de auditoría y de comprobantes de pago en proyectos de ayuda de Estado.
En sus recursos, España no negó la existencia de irregularidades en los diferentes proyectos concretos auditados por la Comisión, pero alegó que el Ejecutivo comunitario no puede realizar las correcciones financieras mediante extrapolación.
El Tribunal rechaza este argumento, recordando que la jurisprudencia ha establecido ya que errores sistemáticos comunes a varios proyectos de un mismo programa operativo pueden justificar una corrección financiera aplicable al conjunto del programa.
La Generalitat dice que nada tiene que pagar
Por su parte, la Generalitat valenciana ha asegurado que no tiene que pagar nada en la actualidad por la reducción de ayudas de la Unión Europea (UE), ya que el importe fue "compensado" por Bruselas dentro de los programas operativos 2000-2006. Al respecto, el Consell ha explicado que se trata de la resolución del procedimiento instado por la administración del Estado contra la decisión de la Comisión de 28 de enero de 2010 en relación con el Programa Operativo 1994-1999 Feder de la Comunitat Valenciana, que supone "una corrección a tanto alzado del 8,9 por ciento sobre todo el programa operativo ejecutado, lo que asciende a 115,6 millones de euros".
Así, ha puntualizado que la cuantía de 115,6 millones es la resultante de aplicar un porcentaje del 8,9 por ciento de error a todos los participantes en el Programa Operativo, "cuando si se aplicara la proporción adecuada sobre cada uno los proyectos propios de la Comunidad, la cifra a compensar sería en torno a 54 millones", ha señalado Sobre este asunto, la Generalitat ha indicado que la Comunitat Valenciana no ha de pagar nada en la actualidad, puesto que el importe ya fue "compensado" por la UE dentro de los programas operativos 2000-2006.
