Como en el milagro de los panes y los peces, los expedientes de la extinta Conselleria de Solidaridad también se multiplicaron. La juez del caso Cooperación, María Pía Calderón, revela en su auto de procesamiento al exconseller Rafael Blasco y a otras ocho personas que el departamento que dirigía el también diputado del PP entregó a la Fiscalía Anticorrupción y a la Sindicatura de Comptes dos expedientes de la subvención a la Fundación Cyes (G001/2008 y G002/2008) con "alteraciones" para defenderse ante la opinión pública cuando estalló el escándalo. El único documento calcado al original sería el que facilitó la diputada del PSPV Clara Tirado cuando presentó la primera denuncia contra Blasco y la ONG ahora investigada.

Tras analizar todos los expedientes sobre Cyes que le han entregado las diferentes partes del proceso, la juez concluye que "son tres las versiones que obran en la causa y cinco (seis si se cuenta el importe) las alteraciones con respecto al original". Y señala directamente a quien cree que podría haber colaborado en estas presuntas falsificaciones. "Hay tres alteraciones en un primer momento y a cargo posiblemente de Agustina Sanjuán (secretaria general de Cooperación), que fue quien recibió los originales y quien, de forma inusual, tenía los expedientes en el despacho".

Las otras dos "alteraciones", según la magistrada, podrían haber tenido la participación de Xavier Llopis (jefe de gabinete de Blasco), Josep Maria Felip (director general de Cooperación) y Alexandre Català (subsecretario de Solidaridad), "que fueron quienes remitieron el escrito remitido y firmado por éste último a la fiscalía y quienes parece que intervinieron, según declaración del primero de ellos, en la confección del dossier que se acompaña".

La juez revela una reunión, a la que habría asistido Blasco y sus cargos de más confianza, el 7 de octubre de 2010, con una "única finalidad": "revestir al procedimiento de una cobertura de irreprochabilidad y presentarlo así a los órganos encargados de la fiscalización, Sindicatura y Fiscalía". La juez asegura que hay indicios suficientes para afirmar que los expedientes administrativos que llegaron al ministerio público y al síndic se confeccionaron ad hoc.

"Si hay irregularidades me voy"

Cuando saltó el escándalo de Cooperación tras la denuncia del PSPV en la fiscalía y las revelaciones de este periódico sobre la existencia de una trama de ONG (Compromís lo haría días después), el conseller de Solidaridad entregó dos expedientes de Cyes a la fiscalía y a la Sindicatura de Comptes. Es más, llegó a asegurar públicamente que "si encuentran alguna irregularidad me voy a mi casa".

La juez ha detectado ahora que los expedientes de Cyes que remitió Blasco al síndic para su fiscalización "estaba incompleta, con cronología incierta y documentación diferente a la original". Es más, recrimina la actuación del exconseller ante el síndic por su "intensidad y vehemencia" en la defensa de la corrección administrativa de los documentos que, tanto la fiscalía como la Intervención General del Estado, han cuestionado, como ha venido contando este periódico.

La propia Sindicatura de Comptes hizo unas recomendaciones a la Conselleria de Solidaridad sobre los expedientes que le entregó, aunque, según la juez, Blasco "permaneció deliberadamente inactivo haciendo caso omiso" a estas sugerencias. Por ello le imputa un delito de prevaricación.

Por su parte, la magistrada considera a Tina Sanjuán y a Xavier Llopis como las personas de máxima confianza del conseller. Tan es así, que gracias a ellos, "el conseller pudo mantenerse informado de lo que ocurría en la conselleria". También hace referencia la instructora a la empresa evaluadora externa Caaz. "Existen numerosos y objetivos indicios de que los informes cursados por la evaluadora externa fueron manipulados y alterados por personal de la propia conselleria, presuntamente por Tina Sanjuán, que fue quien remitió los expedientes de Cyes a evaluación".