Los fiscales que investigan las causas del accidente del metro y los presuntos falsos testimonios de los directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en la comisión de investigación de las Corts han pedido a FGV diversa documentación relacionada con las diligencias de investigación penal abiertas, según fuentes de FGV. Un portavoz oficial de la empresa ferroviaria declina confirmar o desmentir esta información y remite, para más detalles, a la Fiscalía de Valencia.

Los responsables de la investigación se han interesado, por ahora, en el historial y antecedentes de uno de los trenes implicados en el accidente: la unidad de tren articulado (UTA) 3736. Al parecer, la fiscalía ha solicitado conocer el historial completo de la unidad que descarriló, desde 1990, y donde viajaban las 43 víctimas que fallecieron en aquel siniestro. En la anterior investigación judicial FGV aseguró que la UTA 3736 no había sufrido descarrilamientos anteriores, pese a que el tren había sufrido, al menos tres, tal como ha desvelado Levante-EMV durante estos siete años. La fiscalía también ha reclamado el historial de revisiones de la UTA siniestrada. Sobre esta cuestión, este periódico también desveló hace varias semanas que el mantenimiento de los trenes se redujo considerablemente en los meses previos al accidente debido al mal estado de las UTA y la falta de piezas de recambio.

Así se reconocía en un informe interno firmado por el entonces director adjunto de explotación, Vicente Contreras, en septiembre de 2005 en el que se advertía que las UTA de la serie 3700 estaban "muy próximas al final de su vida útil" porque padecían graves problemas técnicos, obsolescencia de las piezas y corrosión en los techos de los vagones. Este informe no se remitió ni a la comisión de investigación de las Corts ni al primer juzgado que investigó las causas del accidente. Y, pese a que debían conocer la existencia de este informe, tres directivos de FGV (Vicente Contreras, Francisco García Sigüenza y Luis Domingo Alepuz), un diputado del PP (Antonio Clemente) y un compareciente citado por el PP (Íñigo Parra, director de Vossloh) negaron en la comisión de las Corts que hubiera cualquier problema con las UTA, tal como recomendaban las 76 preguntas preparadas por la consultora H&M Sanchis en connivencia con la dirección de FGV y que "debían coordinarse con los comparecientes de la Conselleria de Infraestructuras y los citados por el PP" a la comisión.

Curiosamente el responsable de recabar la información en FGV sobre las UTA para enviarla a la fiscalía podría ser el aún director de explotación, Francisco García Sigüenza, (se prejubila en septiembre) que ya ocupaba el mismo cargo en 2006 y que podría ser uno de los autores del supuesto falso testimonio en la comisión de las Corts.