La Subdelegación del Gobierno en Castelló prohibió ayer la entrada de la cadena independentista catalana en Vinaròs, convocada para mañana por la tarde por Acció Cultural del País Valencià (ACPV), alegando que existe un peligro «real» para la integridad física de los manifestantes. La Subdelegación, que hasta ayer había permitido la convocatoria, basa su cambio de postura en un informe de última hora de la Comandancia de la Guardia Civil que alerta de un supuesto riesgo para la seguridad vial y ciudadana. También denegó a ACPV celebrar la cadena humana en Guardamar por no cumplir el plazo legal de comunicación. Por el mismo motivo, vetó el acto en la Plaza Parroquial de Vinaròs de la Plataforma Valencianista, que pretendía contrarrestar la entrada de la cadena indepentista.
ACPV comunicó el pasado 12 de agosto la realización de un acto «Per la Llengua y la Llibertat» en Vinaròs que diera continuidad a la «Via Catalana cap a la Independència» que recorre mañana de norte a sur la comunidad vecina con motivo de la Diada. La iniciativa provocó la reacción airada del PP valenciano y del Consell, que denunciaron la «injerencia territorial» y enarbolaron de nuevo la bandera del anticatalanismo. Sin embargo, desde la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana argumentaron que la convocatoria se había formulado «en tiempo y forma», por lo que no quedaba otra que velar para que discurriera sin incidentes.
A 48 horas de la celebración, el subdelegado del Gobierno en Castelló, David Barelles, decretó ayer la prohibición de la cadena humana, escudándose en el informe de la Guardia Civil, fechado el 7 de septiembre. Dicho informe incide en que la cadena comporta riesgos para los manifestantes y provocaría un «colapso» de la N-340. Incluso repara en los perjuicios económicos que supondría para los negocios emplazados en la carretera nacional desviar el tráfico con motivo de la manifestación. Ante la imposibilidad de garantizar «con plenitud la debida protección» a los participantes, el subdelegado prohibe la concentración, una decisión respaldada expresamente por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, según declaró este mismo.
Una carretera, dos criterios
Los argumentos esgrimidos son llamativos porque unos metros más al norte se va a realizar la misma cadena y las autoridades catalanas no detectan los riesgos que impiden que se celebre en Vinaròs. De hecho, está previsto que los Mossos d'Esquadra cierren al tráfico la N-340 al paso de la cadena.
Acció Cultural (ACPV) criticó ayer la prohibición de la Subdelegación del Gobierno de la cadena humana en Vinaròs y anunció que esta iniciativa se celebrará finalmente «en el exilio», en el término de Alcanar (Tarragona), en protesta por lo que consideran una «censura política».
En un comunicado, Acció Cultural incidió en que hace una semana la misma Subdelegación del Gobierno comunicó que «no había ningún problema» y «sorprendentemente» ayer esgrimió un informe de la Guardia Civil que alega problemas de tráfico y de seguridad.
El secretario de ACPV, Toni Gisbert, se puso en contacto con el subdelegado del Gobierno, David Barelles, y ofreció «diálogo y una solución alternativa que elimine los problemas de tráfico y respete el derecho de manifestación y de expresión». Según las mismas fuentes, «lamentablemente, la Delegación del Gobierno se ha mostrado absolutamente cerrada, negándose a cualquier tipo de diálogo o posible alternativa, lo que hace pensar que la decisión de la prohibición está motivada políticamente».
Para Acció Cultural, el hecho de que la prohibición se comunicara «con menos de dos días de antelación a la realización del acto coloca la organización en una situación de clara indefensión jurídica, aunque el margen de tiempo es muy corto presentará el recurso a la prohibición.
La delegación de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en el País Valencià ha anunciado su intención de mantener la cadena humana en Vinaròs, y anima a acudir a «todos los valencianos» para mostrar que quieren «ejercer el derecho a decidir», según su portavoz, Antoni Infante.
