Un juez obliga al Consell a pagar 120 millones al contado por la obra del Aeropuerto de Castelló

Se libra de indemnizar a la gestora por la rescisión del contrato pero el fallo impide aplazar el pago de la construcción a 47 años

19.09.2013 | 05:30

Aunque no lo parezca, la Generalitat ha ganado el pleito contra Concesiones Aeroportuarias (Conaer), la empresa a la que encomendó hace una década la construcción y gestión del polémico aeropuerto de Castelló. El problema es que la «victoria» judicial obliga a la Administración autonómica, a través de Aerocas, a desembolsar 120 millones de euros, más IVA e intereses, a Conaer por las obras ejecutadas. Con el agravante de que el desembolso se ha de efectuar en un único pago y no en cómodos plazos como pretendía Aerocas. Desde la sociedad pública destacaron que a los 120 millones hay que restar los 44 millones del préstamo participativo que concedió a Conaer, de manera que la indemnización real será de 76 millones.

Ayer se hizo pública la sentencia del juicio que enfrentó el pasado 18 de junio a Conaer (empresa que integran Globalvía Bankia y FCC, Lubasa y PGP) y a Aerocas (sociedad pública de la Generalitat con una pequeña participación de la diputación). El juez desestima la demanda de la primera contra la segunda, en la que planteaba una resolución del contrato y que Aerocas le pagara 126 millones de euros y, de manera subsidiara, 132 millones. En cambio, el juez sí que atiende la demanda que presentó Aerocas como respuesta a Conaer y da por resuelto el contrato, además de condenar a la exconcesionaria al pago de las costas judiciales.

Más IVA e intereses
Sin embargo, la resolución del contrato lleva aparejada una losa económica para las arcas autonómicas. El juez obliga a Aerocas (o sea, a la Generalitat) a abonar algo más de 120 millones, más IVA e intereses, a Conaer por las obras del aeropuerto y, además, deberá hacerlo en un único pago.

Aerocas siempre ha reconocido el derecho de Conaer a ser compensada por el coste de construcción, pero pretendía pagar en 47 años (que es lo que duraba la concesión a Conaer) a través de los ingresos que fuera generando el aeropuerto. El juez rechaza esta posibilidad, ya que «no se puede pretender la resolución de un contrato y que al mismo tiempo durante 47 años una de las partes deba cumplir obligaciones de pago». «Aerocas deberá abonar la obra efectivamente ejecutada», sin «diferir el pago como pretendía».

Los 120 millones son exclusivamente por las obras realizadas y sus correspondientes sobrecostes. El juez no reconoce a Conaer el derecho a cobrar una indemnización por daños y perjuicios ni por lucro cesante.

Desde Aerocas manifestaron ayer que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Castelló «da la razón a Aerocas y estima sus peticiones», consistentes en pagar solo por la obra civil del aeropuerto «y no una indemnización adicional por los 50 años de gestión como pretendía Concesiones Aeroportuarias».

Las mismas fuentes recordaron que la exconcesionaria pedía más de lo que el juez ha reconocido. Según la empresa pública, los 120 millones que tiene que pagar no suponen un «gasto sobrevenido», dado que «ya estaba previsto que había que pagar por la obra realizada». «Lo que se hace es pagar la obra del aeropuerto que no estaba pagada», añadieron.

Sobre la cantidad que hay que desembolsar, incidieron en que la exconcesionaria tiene una deuda con Aerocas de 44 millones por el préstamo participativo que le otorgó en 2003, por lo que si se resta esa cantidad a los 120 millones establecidos en la sentencia la cifra final que corresponde abonar es de 76 millones.

Estudia cómo pagar
Desde Aerocas afirmaron que de momento no se ha planteado la posibilidad de recurrir la sentencia. Añadieron que se estudiará la manera de hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de la sentencia. De hecho, antes del juicio llegó a un acuerdo extrajudicial con Conaer que no se ejecutó porque la indemnización no pudo incluirse en el plan de pago a proveedores.

El secretario provincial del PSPV en Castelló, Francesc Colomer, lamenta que la Generalitat tenga que abonar «un dinero que no dispone para una infraestructura que ni funciona».

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