Financiación e inversiones del Estado

Las ocho deserciones del PPCV en Madrid

22.09.2013 | 00:23

Consell y PP impulsan en las Corts reformas legales y pactos para poner fin a la discriminación valenciana en financiación e inversión del Estado - Ya con Rajoy, entierran las reivindicaciones en el Congreso: votan no o las aparcan

Caprichos del calendario y de la agenda, el 10 y el 11 de septiembre fueron para el Gobierno de Mariano Rajoy y en materia de reivindicaciones autonómicas como experimentar una sesión de sauna con masaje y una patada en la espinilla en apenas 48 horas. Con motivo de la Diada, una cadena de manifestantes de más de 400 kilómetros reivindicó la independencia de Cataluña. Una protesta y una aspiración asentada en clave económica en mayor medida que antaño, al margen de criterios identitarios. El Govern de Artur Mas reclama el concierto económico, además de 3.500 millones que les adeuda el Estado en aplicación del precepto estatutario que garantiza las inversiones en Cataluña según su peso demográfico. La misma cláusula figura, como adicional primera, en la propuesta de reforma del Estatut valenciano que el martes debía haberse votado en el Congreso.

Referéndum por 500 millones. El Consell intentó en balde arrancarle al Gobierno un «sí» a la reforma del Estatut que blindaba un nivel de inversiones del Estado en la Comunitat Valenciana proporcional a su población. El viernes 6 de septiembre, el vicepresidente José Císcar ni confirmó ni descartó la posibilidad de que los diputados valencianos del PP en el Congreso rompieran la disciplina de voto si el grupo popular no apoyaba una iniciativa llamada a mejorar en 500 millones anuales las inversiones del Estado y que crearía 10.000 empleos, según el socialista Ximo Puig. «Hasta el martes, a las 12, hay tiempo de negociar, entonces decidiremos la posición», avisó Císcar.

En la Escuela de Verano del PP en Gandia, el presidente Fabra y el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, intentaron sin éxito separar al ministro Montoro del ancla que lo sujeta al «ni un euro más». Fabra comió con Soraya Sáenz de Santamaría, para pedirle que levantara el veto. Acorralados entre la espada de la cerrazón del Gobierno a permitir la cláusula —también presente en el estatuto andaluz— y su incapacidad para encontrar otra salida, 24 horas antes del pleno optaron por pedir un «aplazamiento del debate». De un asunto en el que el PPCV expresó hace dos años y medio —el 9 de marzo de 2011—un sí a exigir más inversiones. Aquel acuerdo lo votaron PP, PSPV y Compromís y EU se abstuvo. Gobernaba el socialista Rodríguez Zapatero.

Desde el PP hay quien lamenta la «incompetencia» de la plana mayor del Consell y del grupo de las Corts por no habe anticipado una estrategia antes de que la reforma entrara en el orden del día del Congreso.
La víspera del día de autos el Consell improvisó una petición de aplazamiento del debate por imperativo, sostuvieron, de la necesidad de seguir practicando el voto de pobreza que guía al Consell de Alberto Fabra tras años de eventos y caprichos alicatados de sobrecostes. Querían tramitar conjuntamente y aglutinar en un solo referéndum esa reforma y la consistente en reducir de 99 a 79 los diputados de las Corts, a la que se niega la oposición. Se relegaban así 500 millones de inversión para ahorrarse el coste de un referéndum. En realidad, se aparcaba cualquier opción de reforma, dado que difícilmente habrá acuerdo sobre la rebaja de escaños.

El síndic popular, Jorge Bellver, y el secretario general del PP, Serafín Castellano, reiteraron que el aplazamiento era por «sentido común y ahorrro». El Consell y el PPCV lograron no tener que votar contra su propio criterio, expresado en las Corts, pero el presidente del Congreso, Jesús Posada, no le ahorró a Fabra el escarnio de las críticas desde la oposición. El socialista Ximo Puig, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, y el de Esquerra Unida, Ricardo Sixto, lo acusaron de subyugar los intereses valencianos a los suyos y los de su partido con una actitud «genuflexa» con Rajoy.

La histórica deuda histórica. Ni el Consell ni el PPCV han practicado la insumión en defensa de los intereses valencianos. A lo más que llegaron es a amagar, el 25 de agosto de 2011, con protagonizar un plante en el Congreso si Zapatero no se comprometía a saldar la deuda histórica. Una cuenta pendiente que estaría en torno a los 11.000 millones si se considera que entre 2002 y 2012, la C. Valenciana ha recibido una media de 1.000 millones anuales menos de los que corresponden por población. En tiempos de cohabitación (de marzo de 2004 a noviembre de 2011) la reivindicación o el victimismo ante el Gobierno de Zapatero fue una práctica casi religiosa. En las Corts, el PP impulsó iniciativas por un mejor trato económico a Valencia, que a la hora de la verdad, en el Congreso, ya en tiempos de Mariano Rajoy, se han archivado en la« r» de renuncia o la «d» de deserción.

De camino a Madrid, los populares han perdido su efervescencia valencianista y oportunidades de mejorar la salud económica de una autonomía líder en deuda en relación al PIB (29.235 millones, el 29,4% de la riqueza que genera). La reforma para introducir la cláusula inversora se ha orillado ya tres veces. La primera, el 4 de abril de 2011. Tuvo que demorarse el debate, igual que un año despues, porque el PP no había designado al diputado encargado de defender la iniciativa.

Puig insiste en el Congreso. Los consensos siempre resultan complicados. El que se alcanzó el 8 de mayo de 2012 en las Corts fue un logro. Los cuatro grupos acordaron exigir al Gobierno fórmulas para ajustar la financiación a la demografía para alcanzar la media, situada en 2.200 euros por habitante. Un valenciano recibe 200 menos que la media, 657 menos que un riojano, 274 menos que un catalán o 112 menos que un madrileño. Apenas 48 días después, el líder del PSPV, Ximo Puig, llevó ese acuerdo a la Comisión de Hacienda del Congreso y los votos del PP y el del valenciano de UPyD Toni Cantó, la tumbaron. El 26 de febrero de 2013, el diputado de Esquerra Unida, Ricardo Sixto, llevó a pleno el agravio comparativo que sufren los valencianos en la financiación al presentar una propuesta en la que se reclamaba al Gobierno revisar el modelo para «compensar los déficits de financiación de comunidades que han estado y están mal financiadas, como la Comunitat Valenciana». El PP volvió a oponerse.

Y lo hizo por tercera vez cuando Puig insistió en otra moción en urgir a Rajoy a cambiar el actual modelo de reparto de fondos. Entre tanto, se instaba a iniciar acciones inmediatas de compensación como prevé el artículo 2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) para mantener «la igualdad y el desarrollo armónico de las comunidades autónomas».

Más dinero a través de la Lofca. La Lofca viene a regular la participación de las comunidades en los ingresos del Estado y el mecanismo de reparto. El modelo de financiación sería el desarrollo de esa ley. El 21 de febrero de 2008 se tramitó la reforma por la vía de urgencia, pero hasta el 29 de junio de 2010 el PP no designó al ponente. Al exsíndic Rafael Blasco, para defenderla en el Congreso. Por falta de portavoz, el 8 de junio de 2010 el debate de esa reforma tuvo que quitarse del orden del día del Congreso.

Hubo otra oportunidad perdida por el PP para llevar a votación esa demanda de una mejor financiación vía Lofca. Fue el 9 de octubre de 2012. El presidente de las Corts, Juan Cotino, respondió al orden del día recibido por fax desde el Congreso con otro en el que recordó que el Nou d’Octubre es festivo. Ese día de 1238 Jaume I entró en el cap i casal para fundar un reino al que le faltan 1.000 millones anuales para que sus ciudadanos no sean ni más ni menos que un español medio.

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