El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, anunció ayer que la Abogacía de la Generalitat se personará en el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas para determinar si hay responsabilidades contables en la gestión de la Conselleria de Solidaridad investigada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el caso Cooperación, por supuestos desvíos de fondos. El documento del Tribunal de Cuentas establece un periodo de nueve días para que se personen en el proceso aquellos que estén «legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable». Las partes citadas en este proceso, además del letrado de la Generalitat, son el Ministerio Fiscal, el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, el exdirector general de Cooperación, Josep María Felip; el subsecretario de la Consejería de Solidaridad, Alexandre Catalá; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López y un representante legal de esta entidad. Císcar explicó que el Tribunal de Cuentas investigará si los gestores públicos tienen responsabilidad contable en estos temas.
Añadió que el Tribunal de Cuentas, en supuestos donde puede existir una responsabilidad de tipo contable por presuntas actuaciones ilegales, «tiene competencias para abrir un expediente». En este caso, «lo que hace es averiguar si, en el caso Cooperación, gestores públicos tienen responsabilidad contable en estos temas».
La Generalitat, en este caso, actúa como parte reclamadora. Fuentes del Consell precisaron que si se trata de una vía que discurre al margen del proceso penal. Ahora bien, si la vía penal fallara, la Generalitat tendría una segunda vía para reclamar los fondos.
