La Fiscalía Provincial de Valencia ha decidido abrir una investigación por el pago de dos millones de euros de productividad a los directivos de la empresa pública Vaersa (Valenciana de aprovechamientos energéticos y residuos, S. A.) entre 2006 y 2011. Las diligencias penales de investigación abiertas por la fiscalía, "por hechos que podrían ser constitutivos de delito" se han iniciado, tras la denuncia presentada por el sindicato Central General de Trabajadores (CGT) en la mercantil que depende de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. De hecho, la titular de este departamento, Isabel Bonig, es la que preside el consejo de administración de la empresa.
Como ya informó Levante-EMV, 59 trabajadores -directivos y personal de confianza- vieron mejorar su nómina en 2010, a una media de 8.800 euros anuales por cabeza. Desde 2006 a 2011 se pagaron dos millones de euros en productividad a estos "responsables de departamento contratados a dedo", según denuncia el sindicato CGT. Para calcular la distribución de los incentivos se creó un grupo de trabajo en el que participaron siete directores de departamento de Vaersa, de los que seis se autoincluyeron en el pago de la productividad, al menos durante 2010, como ya contó Levante-EMV.
El pago de la productividad no es ilegal. La irregularidad reside en que este complemento se abonó durante todos estos años sin la preceptiva autorización del Consell. "La Confederación General del Trabajo denunció ante la Fiscalía Contra la Corrupción y el Crimen Organizado el pago ilegal de casi dos millones de euros entre 2006 y 2011, tal como destapaban los informes de auditoría emitidos por la propia Intervención General de la Generalitat, al no haberse autorizado por el Consell como era preceptivo, previo informe favorable de la Conselleria de Hacienda, que tampoco existe", recuerdan fuentes del sindicato.
Desde la CGT recuerdan, además, que los informes de auditoría advertían desde 2006 que "se estaba pagando el complemento sin la autorización del Consell, pero ningún directivo de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública ni de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de la que depende la empresa pública, hicieron absolutamente nada por aclarar y depurar responsabilidades ante la magnitud del saqueo de dinero público".
La productividad solo dejó de pagarse a partir de 2011, cuando llegó la consellera Isabel Bonig, quien exigió la devolución de "44.525,63 euros en concepto de anticipos del complemento de productividad" que se habían abonado ese año.
CGT tomó la decisión de acudir a la Fiscalía "cuando el Tribunal de Cuentas de forma inexplicable y en tiempo récord archivó la denuncia por responsabilidad contable, sin ni siquiera practicar ninguna diligencia de comprobación de los hechos denunciados". El sindicato exige que se realice una "auditoría de la deuda ilegítima provocada por la corrupción, y que los responsables del saqueo devuelvan el dinero público robado".
Una empresa pública con cuatro investigaciones abiertas
Cuatro investigaciones judiciales penden sobre la gestión realizada en Vaersa durante los últimos años. La empresa pública está involucrada en la instrucción del caso Gürtel ya que una campaña para fomentar el uso del contenedor amarillo se adjudicó mediante un contrato paripé (un procedimiento negociado en el que todas las empresas que optaban al concurso eran de la trama) y que aún investiga el TSJCV. La Fiscalía también abrió diligencias penales contra la firma pública por "ocultar" sobrecostes y pagar por servicios no prestados, tras la denuncia del sindicato FSP-UGT. Por último, el Tribunal de Cuentas también investiga el pago de 2 millones de euros a 7 bufetes de abogados durante seis años, contratos sin concurso previo.
