El presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, ha admitido ante el juez de la Audiencia Pablo Ruz que estuvo en la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid, el 11 de marzo de 2004, día que el extesorero Luis Bárcenas le atribuyó un pago de 200.000 euros en nombre de Sedesa, la empresa de obras y servicios de su sobrino, informaron fuentes jurídicas.

En manifestaciones a los medios de comunicación tras su declaración, que apenas ha durado media hora, Cotino ha negado que realizara la donación y ha asegurado que su visita a Génova se debió a que quería intercambiar impresiones sobre los atentados islamistas que ese día se habían producido en la capital. Para ello, se reunió con el entonces diputado del PP Francisco Villar, fallecido en octubre de 2011.

"Fue el día del atentado. Ese día yo estuve en Madrid, estuve en Atocha, en la Dirección General de la Policía, recuerdan ustedes que yo fui director general de la Policía y entonces pasé en un momento determinado por Génova para intercambiar impresiones. Estuvimos valorando qué había ocurrido, habiendo sido director general de la Policía mi opinión podía valer más o menos", ha señalado.

En este punto, ha asegurado que Bárcenas, que anotó su nombre junto a una donación de la empresa de obras y servicios Sedesa, de la que ha reconocido que era accionista minoritario con un 9 por ciento del capital, mintió al incluirle en su contabilidad B porque nunca tuvo tratos comerciales con él ni con su antecesor, Álvaro Lapuerta.

"Yo nunca le he dado nada al señor Bárcenas, nunca le he dado nada al señor Lapuerta. Es falso que yo le hubiese dado nada ni en nombre propio ni en nombre de nadie. Por lo tanto, no entiendo por qué está ese apunte", ha dicho a las puertas del tribunal.

Durante la comparecencia, sin embargo, ha sugerido que Bárcenas podría haber querido vengarse de él porque ambos discutieron en 2009 a cuenta del trato que le estaba dando el comisario jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, en el marco del 'caso Gürtel'. Cotino ocupó la Dirección General de la Policía entre 1996 y 2002.

El presidente de las Corts, que el 11 de marzo de 2004 era delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha explicado que su viaje a Madrid se debió a que tenía una reunión en el Ministerio del Interior con el entonces subdirector general de Infraestructura y Patrimonio, José María Cervera, para hablar de la situación del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia y la línea de barco hacia la localidad argelina de Orán.

Según su relato, se enteró de los atentados en el aeropuerto de Barajas, por lo que la reunión con Cervera se anuló y se dirigió a la Dirección General de la Policía, donde mantuvo un encuentro, también sobre los ataques terroristas, con el comisario Gabriel Fuentes, entonces subdirector general del Gabinete Técnico.

Más tarde, según ha relatado durante su declaración, se desplazó a la estación de Atocha y finalmente visitó Génova, donde, según ha explicado, se reunió con Villar. "Estuvimos valorando lo que había ocurrido", ha admitido. Al mediodía participó en una concentración que se celebró a las puertas del Ministerio del Interior.

"Nunca he utilizado a mi tío"

Por su parte, el sobrino del presidente del Parlamento valenciano, Vicente Cotino, que ha comparecido como imputado, se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones populares. A preguntas del juez Ruz y del fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, el administrador único de Asedes, matriz de Sedesa, ha negado haber realizado donaciones al PP, "ni en Madrid ni en la Comunidad Valenciana", y ha añadido que "nunca" ha utilizado a su tío para hacer negocios.

Aunque ha asegurado que su empresa tiene una normativa específica para evitar este tipo de situaciones, el empresario ha admitido que nunca llegaron a ponerse por escrito. Según las citadas fuentes, también ha señalado que en la compañía había "un amplio equipo patrimonial" formado por varias personas que pueden realizar pagos aunque uno de 200.000 euros nunca se habría realizado sin su "conocimiento".

El compareciente no ha aportado al juez una explicación sobre el aumento de contratos adjudicados por administraciones gobernadas por el PP que su empresa experimentó en 2004. Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que obra en la causa, Sedesa obtuvo en 2002 y 2003 contratos de administraciones 'populares' por valor de 18 y 19 millones de euros, respectivamente. Al año siguiente se elevaron a 60 millones.

Ruz citó a declarar a los Cotino tras admitir parcialmente, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, una ampliación de querella presentada por Izquierda Unida (IU), la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecogologistas en Acción, Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad, que ejercen la acusación popular en la causa.

En esta pieza separada del 'caso Gürtel' también están imputados los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el arquitecto de la sede de Génova, Gonzalo Urquijo; y 19 empresarios, entre los que se encuentran el presunto número 2 de la 'trama Gürtel', Pablo Crespo, y los constructores Juan Manuel Villar Mir (OHL), Luis de Rivero (Sacyr Vallehermoso) y José Mayor Oreja (Fomento de Construcciones y Contratas).

El Consell no se plantea la renuncia de Cotino

El Gobierno valenciano no se ha planteado "en ningún momento" que Cotino, tenga que dejar su cargo por la imagen pública dada tras su declaración judicial, según ha afirmado hoy el vicepresidente del Consell, José Císcar.

El vicepresidente ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que Cotino no está imputado "por ningún caso", y ha resaltado que el hecho de que hoy haya acudido a la Audiencia Nacional a declarar como testigo en el caso Bárcenas "no implica nada".

"Nos preocuparía si hubiese una imputación. Entendemos que el señor Cotino ha ido a colaborar con la justicia porque le han citado como testigo", ha señalado Císcar, para quien "lo anormal habría sido que no colaborar con la justicia".

Preguntado sobre si ponen la mano en el fuego por él, el vicepresidente ha manifestado que desconoce "los pormenores" de la investigación judicial, y ha añadido que lo único que piden es que se deje trabajar a la justicia, porque es el órgano que tiene que resolver estas cuestiones y determinar las responsabilidades que haya a través de un juicio justo.