Los recientes movimientos de algunos diputados autonómicos imputados en casos de corrupción (Fitur y Brugal), que han renunciado al escaño y han perdido su condición de aforados obligando a cambiar el tribunal que les investiga, han devuelto al centro del debate la figura del aforamiento.
La C. Valenciana cuenta con cerca de mil cargos políticos y de la Justicia que gozan de este privilegio, que básicamente consiste en que esas personas en determinados supuestos sólo pueden ser juzgadas por instancias de rango superior al de los tribunales ordinarios.
Pese a que son los políticos los tradicionalmente vinculados al fuero, ocupan la menor proporción del total. Existen 155 cargos aforados, en virtud de lo dispuesto en el Estatut y la Constitución. Son aforados los 99 diputados de las Corts más los cinco consellers sin escaño. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia «decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio». «Fuera de dicho territorio [la C. Valenciana] la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo», dice el Estatut.
Asimismo, los 33 diputados valencianos en el Congreso y los 18 senadores, gozan de especial protección otorgada por la Constitución. «En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». Y «sólo podrá ser detenidos en caso de flagrante delito».
A estos hay que sumar los 515 jueces y 246 fiscales que, a fecha de 2012, formaban las plantillas en la C. Valenciana (761 en total), según la memoria del CGPJ. La ley del Poder Judicial delega en el TSJ «la instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma» (artículo 73.3.b). Las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos van al Supremo (56.3 LOPJ).
La situación en España, con unos 10.000 aforados es, a decir de jueces y expertos, absolutamente «anacrónica». En Alemania, Reino Unido o EE UU, los cargos públicos no gozan de privilegios en este ámbito, y sus problemas judiciales se despachan en tribunales ordinarios. En Francia, solo los miembros del Gobierno tienen un tribunal especial; en países del sur europeo (Italia y Portugal), sólo el presidente.
«Uso torcido» del fuero en las Corts
La anomalía española, explica Ximo Bosch, de Jueces para la Democracia, radica en la Transición. «El aforamiento es anacrónico. Parte de una sociedad no democrática. Había sectores con fueros específicos. En la Transición se plantea por la desconfianza en el Poder Judicial, que todavía no era independiente y había riesgo de interferencias», apunta el portavoz. Eran menos influenciables que un órgano de rango inferior. «Hoy no tiene sentido: el Poder Judicial es independiente», añade.
¿Por qué es controvertido el aforamiento, qué privilegio supone para los políticos? Según explica Bosch, instancias como un Tribunal Superior de Justicia, que en Valencia lleva los casos de supuesta corrupción, tienen una función «más sentenciadora». «Si se les pone a investigar asuntos complejos, se crean problemas de funcionamiento», señala, lo que lleva al retraso y acumulación de las causas.
A ello se suma, además, el «uso torcido» que los políticos pueden hacer de su condición de aforados. Es lo que ha sucedido con las renuncias al escaño de las dos diputadas que iban a ser juzgados por el caso Fitur, derivado de la trama Gürtel, y que ha aplazado el juicio, ya que cambia el tribunal que tiene competencia sobre esas personas.
Además de esto y como telón de fondo, Bosch apunta que los miembros del Supremo o los presidentes de los TSJ son elegidos por el CGPJ, órgano con una «notoria vinculación con los partidos políticos». Si el aforamiento se dirige hacia esos órganos aumenta la sombra de duda, viene a decir. Distintas voces han reclamado últimamente que se revise a la baja o elimine esta figura. Frente a eso, el Gobierno pretende ahora ampliar el aforamiento ante el Supremo al Príncipe y la reina. «La filosofía debería ser la contraria», concluye Bosch.
