La Guardia Civil no informó al Tribunal Superior de Justicia de que iba a destruir las armas de la operación contra el grupo neonazi Frente Anti Sistema antes del juicio. El TSJ dio una autorización genérica de eliminación de armas, pero desconocía que entre ellas estaban las pruebas del juicio. Los jueces descubrieron el error cuando la Audiencia de Valencia reclamó la exhibición de las armas en la vista que arranca el próximo 14 de julio contra los 18 procesados. El arsenal fue eliminado en noviembre pese a que la Fiscalía quería utilizarlas como prueba.
Los agente se incautaron en la operación de un bazuca que estaba inutilizado y armas semiautomáticas. Las piezas estaban a cargo del Servicio de Intervención de Armas y debían haber sido puestas a disposición de la Audiencia en junio.
La Guardia Civil pidió su destrucción en 2013. El TSJ recibió tres peticiones: el 14 de marzo, el 21 de marzo y el 30 de octubre. Según el TSJ, en los escritos remitidos por la Guardia Civil se señaló que las piezas no tenían «destino legal. No se indicó ni cuándo fueron intervenidas ni de qué procedimiento eran». Los magistrados confiaron en que el Servicio de Intervención de Armas había hecho «una mínima comprobación» de que las pruebas ya no eran necesarias «dado que con la información que facilitó no era posible contrastar la situación de las piezas».
El TSJ aseguró que hasta este momento la presidenta y la secretaría creían que la Guardia Civil «realizaba los controles adecuados para no incluir en las listas de destrucción ningún arma de una causa pendiente de juicio». En el caso del juicio contra los neonazis, la Guardia Civil no preguntó ni a la Sección Cuarta de la Audiencia ni al juzgado que investigó el asunto si necesitaban las armas o podían ser eliminadas.
La noticia de la destrucción de las armas antes de la celebración del juicio ha causado el desconcierto en la Fiscalía y una gran preocupación y sospechas en las acusaciones. Las defensas han celebrado la eliminación de la prueba reclamada por el ministerio público.
El grupo Frente Anti Sistema fue desarticulado en septiembre de 2005 tras una investigación de dos años. Entre los 18 procesados está el asesino confeso de Guillem Agulló, Pedro Cuevas. El fiscal también acusa al edil de España 2000 en Silla José Alejandro Serrador. Los agentes encontraron en la vivienda de Serrador una escopeta semiautomática, 18 cartuchos, un despellejador y varias armas blancas.
