La salida de la empresa Escal UGS del almacén de gas de Castor obligará al Gobierno a pagarle indemnizaciones. Con su marcha, la sociedad, en la que participa en un 66% la firma de Florentino Pérez (ACS), quiere forzar al Ejecutivo a devolver los 1.700 millones de euros que costó la construcción de la plataforma. Al tiempo, quiere evitar retornar los 1.400 millones que destinaron los inversores privados.

Escal confirmó el viernes la renuncia formal de Castor a la Comisión Nacional de Valores tras haber obtenido la autorización previa del Banco Europeo de Inversiones y de la asamblea de titulares de los bonos que emitió para financiar el proyecto. La empresa inició los trámites para desprenderse a finales de junio, tal como publicó este diario.

El Ministerio de Industria tiene asumido que ha de pagar a Escal de acuerdo con las cláusulas de la concesión que signó con la empresa. No obstante, el ministerio intentará rebajar la indemnización de 1.700 millones. La empresa pretender recuperar el valor neto contable, que ronda los citados 1.700 millones, según el acuerdo de adjudicación que aprobó el Gobierno.

Aunque la cláusula del contrato indica que la Administración ha de pagar este valor neto, el ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó en junio que aspira a abonar el «valor residual». Éste podría ser ligeramente inferior al valor neto, pero se apunta que será una cantidad similar. Cabe recordar que el ministerio ya perdió el recurso que presentó ante el Tribunal Supremo para anular la cláusula esgrimiendo un supuesto interés general.

El Alto Tribunal alegó que la empresa podría devolver la infraestructura y recuperar los 1.700 millones. Las cláusulas indican que la indemnización únicamente se rebajaría al valor residual en caso de dolo o negligencia de la empresa o un incumplimiento de su obligación en mantener en perfectas condiciones operativas el almacén. La concesionaria sostiene que la plataforma está perfectamente preparada para inyectar gas sin riesgo y que no se ha puesto en marcha por falta de autorización del ministerio, que la ha bloqueado por el riesgo de terremotos. La marcha de Escal supone casi la puntilla al almacén de gas. Aunque el Gobierno no descarta su reapertura, insiste en que la planta se mantendrá cerrada si los los expertos ponen de manifiesto la existencia de riesgo.